Tucson– Ciudadanos estadounidenses miembros del grupo humanitario Los Samaritanos denunciaron haber sido víctimas de un arresto violento, sin orden judicial ni identificación clara, a manos de agentes encubiertos de inmigración mientras prestaban ayuda a migrantes en el desierto entre Arizona y México.
El incidente ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando Gail Kocourek, voluntaria de 74 años con más de una década entregando agua, comida e información sobre derechos a migrantes, fue interceptada junto a otros colaboradores por hombres armados vestidos de civil, en vehículos sin placas oficiales.
«Estamos viviendo un terrible momento en la historia de nuestro país. Aún tengo pesadillas por lo vivido», declaró Kocourek a EFE.
Los voluntarios creyeron inicialmente que se trataba de grupos vigilantes armados que operan en la frontera. Tras intentar evitar un enfrentamiento, fueron perseguidos y posteriormente detenidos cerca del muro fronterizo por hombres que resultaron ser agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Los apuntaron con armas, los obligaron a tirarse al suelo y los esposaron, sin identificarse previamente como agentes federales.
«Uno de ellos me acusó de intento de asesinato a un agente fronterizo por no detenerme. Pero ¿cómo iba a saber que eran oficiales? No traían uniformes, ni luces, ni se identificaron», cuestionó Kocourek.
Otro voluntario, Evan Spry, denunció que su celular fue confiscado sin orden judicial. Ambos presentaron una demanda contra la Administración Trump por arresto arbitrario, uso excesivo de fuerza y violaciones a sus derechos civiles, solicitando una compensación de $500,000.
«Realmente no me importa el dinero. Quiero que esto se sepa. Si esto le pasa a una abuela de 74 años, ciudadana estadounidense, imaginen lo que sufren los migrantes», expresó.
Organizaciones como la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona calificaron estos actos como secuestros ilegales. “No son arrestos, son secuestros. Sacan a la gente de sus autos con violencia”, denunció su representante María Eugenia Carrasco.
También se han reportado casos de agentes encubiertos usando camionetas con placas mexicanas o haciéndose pasar por empleados del servicio eléctrico en comunidades fronterizas.
“Debemos documentar estos hechos. No solo están violando los derechos de los migrantes, también están intimidando a ciudadanos estadounidenses”, advirtió Carrasco, quien teme que estas acciones busquen criminalizar la ayuda humanitaria.