El Gobierno de Donald Trump ha endurecido en los últimos días las reglas para obtener visas y entrar a Estados Unidos, con nuevas restricciones que incluyen suspensiones de trámites, mayores requisitos económicos y revisiones más estrictas de permisos migratorios.
Las medidas forman parte de una política migratoria más amplia que también ha aumentado las detenciones y deportaciones durante el segundo mandato de Trump.
Según datos recopilados por las universidades de California Berkeley y UCLA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 49,571 arrestos durante julio, la cifra mensual más alta registrada hasta ahora en este periodo presidencial.
Visas de inmigrante bajo nuevas restricciones
Una de las decisiones más recientes fue la suspensión temporal de citas para solicitar visas de inmigrante en consulados estadounidenses alrededor del mundo.
El Departamento de Estado indicó que la pausa busca capacitar al personal consular sobre nuevos procedimientos.
La decisión llegó pocos días después de que una jueza federal de Nueva York anulara una suspensión previa que afectaba a ciudadanos de 75 países, al concluir que excedía la autoridad del Gobierno.
Organizaciones y familias inmigrantes volvieron al tribunal alegando que la Administración estaría intentando mantener restricciones similares pese a esa decisión judicial.
Fianzas de miles de dólares
Las restricciones también incluyen mayores requisitos económicos.
Personas de alrededor de 50 países podrían enfrentar fianzas de entre $10,000 y $20,000 para obtener determinadas visas de turismo y negocios. Entre los países incluidos figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Además, el Gobierno anunció una fianza de $100,000 para ciertas visas H-1B, utilizadas principalmente por trabajadores especializados en áreas como tecnología e ingeniería.
La Administración también evalúa medidas dirigidas a extranjeros que entraron con visas de turismo o negocios y posteriormente solicitaron asilo.
Más frentes migratorios
La política migratoria de Trump también ha impactado a personas acogidas a programas como DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras continúan disputas judiciales sobre varias de estas medidas.
En otro frente, el Gobierno federal presentó una demanda contra leyes de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington que permiten a estudiantes sin estatus migratorio acceder a matrículas reducidas o ayudas económicas en universidades estatales.
Las medidas han provocado múltiples demandas de organizaciones defensoras de derechos civiles, mientras la Administración sostiene que busca reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y reducir la inmigración irregular.