San Juan- Un abonado de LUMA Energy únicamente puede reclamar indemnización por deficiencias en el servicio eléctrico si la avería ocasiona un daño directo al cliente o a la propiedad donde se encuentra el contador, según confirmó la compañía durante una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor.
Rebeca Maldonado, directora de Asuntos de Gobierno y Política Pública de LUMA, explicó que el relevo de responsabilidad (o waiver) establece que no se compensan pérdidas por fluctuaciones de voltaje ni por interrupciones del servicio.
“Si son reclamaciones por daños a enseres por fluctuaciones de voltaje o interrupciones de servicio, nos cubre el ‘waiver’ y no hay ninguna de las querellas pagadas”, dijo Maldonado.
De acuerdo con Maldonado, el documento dispone que solo los clientes que sufran pérdida física, lesiones o daños directos por deficiencias del sistema pueden recibir compensación.
La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, citó el caso de una finca avícola en Moca, que perdió más de $800,000 por fallas eléctricas que afectaron los sistemas de aire y provocaron la muerte de cientos de gallinas ponedoras. LUMA no indemnizó al propietario.
“Si no es por este relevo, ellos tendrían que responder. Por eso el DACO retó la validez de ese relevo ante el Tribunal Supremo”, expresó Rodríguez Erazo.
Aunque el DACO no tiene jurisdicción para atender querellas contra el consorcio, la funcionaria insistió en que el relevo limita los derechos del consumidor.
Por su parte, el procurador del ciudadano, Edwin García Feliciano, indicó que la Oficina del Procurador del Ciudadano (OPC) tampoco puede intervenir directamente, pero recibió 1,808 llamadas sobre problemas con LUMA el año pasado y ya contabiliza 661 en 2025, con proyección de superar las 2,000 orientaciones este año.
Asimismo, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), adscrita al Negociado de Energía, recomendó a la Cámara de Representantes aprobar legislación que prohíba cerrar querellas sin resolverlas y que obligue a las compañías eléctricas a mejorar la comunicación con los clientes.