Washington– El Gobierno del presidente Donald Trump ha presentado un ambicioso plan para reducir el presupuesto y flexibilizar las regulaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), lo que incluye una modificación de medio centenar de normativas vinculadas a la compra y registro de armas.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el propio Trump, ha enviado personal a revisar la estructura de la ATF, con el objetivo de eliminar a unos 540 inspectores, cerca de dos tercios del total de supervisores de campo. La propuesta también incluye reducir el presupuesto de la ATF en un 25 % para el próximo año fiscal, que comienza en octubre.
Cambios clave: antecedentes y registros de armas
Entre las reformas más polémicas se encuentra:
- Destrucción de archivos de propietarios de armas pasados 20 años (hoy deben conservarse de forma permanente).
- Extensión del periodo de verificación de antecedentes para adquirir armas, de 30 a 60 días.
- Reducción del formulario 4473 (necesario para iniciar la revisión de antecedentes) de 7 páginas a solo 3.
Estas medidas forman parte del enfoque de Trump para reducir la burocracia federal, pero han encendido las alertas entre organizaciones que promueven el control de armas de fuego, quienes advierten que estos cambios podrían generar lagunas en el sistema de verificación y aumentar el acceso a armas sin controles adecuados.
Riesgos en un país con altos índices de violencia armada
Según cifras de la organización Gun Violence Archive, desde enero de 2025 se han registrado:
- 7,358 muertes por armas de fuego en EE.UU.
- 13,203 personas heridas.
- 192 tiroteos masivos, definidos como aquellos con al menos cuatro víctimas, sin contar al agresor.
- Entre las víctimas fatales, se incluyen 503 adolescentes y más de 1,400 heridos menores de edad.
Además, la fiscal general Pam Bondi ha propuesto una posible fusión de la ATF con la DEA, lo que implicaría una reestructuración profunda de las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes federales sobre armas y drogas.
Organizaciones de derechos civiles y expertos en seguridad han expresado preocupación por las consecuencias de estas reformas en un contexto donde la violencia armada sigue en aumento y el país se prepara para un nuevo ciclo electoral.