San Juan – Para el jugador común que visita un negocio de su vecindario y se sienta frente a una máquina tragamonedas en ruta, la noticia puede parecer distante y técnica. Pero lo que acaba de ocurrir en los tribunales de Puerto Rico podría tener un impacto directo en cuántas de esas máquinas están disponibles, quién las opera y bajo qué condiciones en los próximos meses.
El Tribunal de Apelaciones acogió un recurso presentado por la Comisión de Juegos y ordenó paralizar los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia en el caso sobre nuevas licencias de máquinas de juegos de azar en ruta. Como consecuencia inmediata, la Comisión suspendió automáticamente el recibo de nuevas solicitudes de licencias de dueño mayorista u operador, según informó su director ejecutivo, Juan Carlos Santaella Marchán.
En términos sencillos, esto significa que por ahora no se aprobarán nuevos operadores de máquinas tragamonedas en ruta en Puerto Rico. El mercado queda congelado en su estado actual mientras los tribunales resuelven una controversia legal que enfrenta a operadores privados contra la propia agencia reguladora.
El conflicto tiene sus raíces en una batalla legal que un grupo de operadores de máquinas de azar en ruta llevó hasta los tribunales para obligar a la Comisión de Juegos a recibir formalmente sus solicitudes de licencia, emitir recibos oficiales, asignar números de expediente y procesar sus peticiones. La jueza superior Iris Cancio González les dio la razón y emitió una sentencia de mandamus ordenando a la Comisión a cumplir con ese proceso, advirtiendo además que el incumplimiento podía conllevar desacato civil o criminal. Fue precisamente esa sentencia la que la Comisión recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, que ahora la ha paralizado mientras evalúa el caso.
Para el jugador, el efecto más tangible es que el número de operadores y máquinas disponibles no crecerá a corto plazo. Si los nuevos operadores que solicitaban entrar al mercado hubieran recibido sus licencias, podrían haber aumentado la oferta de máquinas en bares, restaurantes, licorerías y otros establecimientos autorizados a lo largo de la Isla. Ese proceso está ahora suspendido indefinidamente.
La Comisión, por su parte, defiende su postura argumentando que la Ley 11 de 1933 establece el marco legal que debe regir los términos, condiciones y plazos aplicables tanto a dueños mayoristas con licencias activas como a cualquier nuevo solicitante. Santaella Marchán sostuvo que la decisión del Tribunal de Apelaciones preserva el orden regulatorio mientras se atiende la controversia en el foro judicial correspondiente, y aseguró que la agencia continuará fiscalizando la industria y velando porque cualquier proceso de licenciamiento se lleve a cabo de manera ordenada, legal y conforme a la intención legislativa.
Lo que está en juego, más allá del tecnicismo legal, es quién controla el acceso a uno de los mercados de entretenimiento más populares entre los puertorriqueños. Mientras los abogados argumentan y los jueces deliberan, los jugadores seguirán encontrando las mismas máquinas, en los mismos lugares, operadas por los mismos dueños de siempre. Al menos por ahora.