San Juan – La jueza superior Iris L. Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón no puede exigir a periodistas una certificación del Departamento de Estado como requisito para acceder a conferencias de prensa en La Fortaleza.
La decisión surge tras una demanda radicada el 29 de diciembre por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En su sentencia, la jueza concluyó que la exigencia viola la libertad de prensa al limitar sustancialmente el ejercicio de funciones periodísticas y ocasionar un daño irreparable al impedir acceso a información gubernamental esencial.
El tribunal emitió un injunction preliminar y permanente que prohíbe exigir la certificación de prensa expedida por el Departamento de Estado como condición para que periodistas del CPI accedan a conferencias en La Fortaleza.
La jueza sostuvo que la certificación bajo la Ley 22-2000 tiene un propósito limitado y no constituye un mecanismo válido para determinar qué periodistas pueden acceder a actividades oficiales. Además, rechazó los argumentos del Gobierno que comparaban el sistema con el modelo de acreditación de la Casa Blanca, al señalar que en Puerto Rico no existe un foro independiente de acreditación de prensa con ese alcance.
Los periodistas del CPI, Luis Valentín Ortiz y Noel Algarín, resultaron favorecidos por la decisión.
Por su parte, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club de Puerto Rico, que participaron como amigos de la corte, celebraron la sentencia.
La determinación judicial ordena al Gobierno cesar la práctica de exigir dicha certificación como requisito para el acceso a conferencias oficiales.