San Juan- Apenas tres días después de que un juez federal desestimara con perjuicio el caso de difamación de Elías Sánchez-Sifonte y Valerie Rodríguez-Erazo contra Josué «Jay» Fonseca y Telemundo, los abogados del cabildero presentaron el 22 de mayo una moción oponiéndose a que sus clientes paguen cerca de $70,000 en honorarios legales a los demandados.

La petición de honorarios, presentada el 8 de mayo por las firmas Shullman Fugate PLLC de Florida y Casellas Alcover & Burgos de Puerto Rico, fue autorizada por el juez federal Raúl M. Arias-Marxuach en marzo de 2026, como consecuencia de los meses de disputas sobre el descubrimiento de prueba en el caso. El tribunal había ordenado que los demandantes pagaran los gastos legales de los demandados relacionados con una moción de orden para obligar el descubrimiento (motion to compel), que fue concedida.

Un caso que terminó desestimado aunque nunca se litigó en su fondo

La demanda, radicada originalmente en 2022, reclamaba $35 millones por expresiones que Fonseca hizo en el programa «Jay y sus Rayos X» de Telemundo. Sánchez-Sifonte, ex director de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló alegó que las publicaciones lo habían presentado como sinónimo de corrupción, causándole la pérdida de clientes y obligándolo a mudarse a Miami junto a su esposa.

El caso nunca llegó a juicio. A lo largo de más de un año, el juez Arias-Marxuach tuvo que intervenir repetidamente ante el incumplimiento de los demandantes con las órdenes de descubrimiento. En noviembre de 2024, el tribunal ya había desestimado seis de las causas de acción. Antes de la desestimación final, el juez también eliminó los testigos periciales de los demandantes y les quitó la posibilidad de reclamar daños económicos — unos $30 millones de los $35 millones originales.

El golpe final llegó el pasado 19 de mayo cuando el propio abogado local de Sánchez y Rodríguez, Raymond Sánchez Maceira, se retiró del caso alegando un «conflicto irreconciliable» con los abogados de afuera y denunciando públicamente el «incumplimiento continuo de las órdenes del tribunal.» El juez, al emitir la orden de desestimación, escribió: «Se acabó el margen de tolerancia», y concluyó que el incumplimiento del matrimonio había sido intencional.

La pelea sobre el dinero

Con el caso principal «cerrado», el frente activo es ahora económico. La firma Shullman Fugate reclama $53,835 por 129.6 horas de trabajo entre marzo de 2025 y abril de 2026, a tarifas de $450 por hora para las socias y $375 por hora para las asociadas. Casellas Alcover & Burgos reclama $6,975 por 20.3 horas, luego de voluntariamente reducir su petición a la mitad.

Los nuevos abogados de Sánchez y Rodríguez — Peter W. Miller y Yashkiabette De Jesús Blanco de Weinstein-Bacal, Miller & Vega — argumentan que las cantidades deben reducirse sustancialmente por varias razones. Primero, señalan que múltiples abogados de ambas firmas facturaron por las mismas tareas al mismo tiempo, algo que los tribunales consideran impermisible. Segundo, indican que varias entradas reflejan trabajo de secretaría — como compilar exhibits o verificar citas — cobrado a tarifa de abogado. Tercero, cuestionan que gran parte de los registros de facturación está tachada, lo que impide al tribunal evaluar su razonabilidad.

El argumento de mayor peso, sin embargo, tiene que ver con las tarifas por hora. Los abogados de los demandantes argumentan que, dado que fueron los propios demandados quienes eligieron litigar en Puerto Rico al remover el caso al tribunal federal de la isla, no pueden ahora reclamar tarifas al nivel del mercado de Florida. La jurisprudencia del Distrito de Puerto Rico establece tarifas típicas de $250–$300 por hora para abogados con amplia experiencia, $150–$200 para asociados, y $50–$100 para paralegales. En un caso precedente citado en la moción — J. Walter Thompson P.R., Inc. v. Latin Am. Music Co. — el tribunal redujo una petición de $295,985 a $107,181 aplicando ese mismo razonamiento.

El juez Arias-Marxuach deberá ahora resolver esta controversia del litigio al tiempo que esta por verse, si el matrimonio Sifonte-Rodríguez pedirá reconsideración de la desestimación de su caso.

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