Miami – Las recientes redadas migratorias en obras de construcción en estados como Florida y Luisiana han generado preocupación entre trabajadores y expertos del sector, ante el posible impacto que estas medidas podrían tener en una industria donde uno de cada cuatro trabajadores es inmigrante.
El temor se intensificó tras la detención de más de 100 migrantes en un proyecto en Tallahassee, la capital de Florida, la semana pasada. A este operativo se suma otra redada reciente en The Villages, también en Florida, donde se arrestó a más de dos docenas de personas. Las acciones se han replicado en otros estados como Nueva York y Luisiana, afectando principalmente a migrantes provenientes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
Aarón Pineda, un trabajador hondureño con Estatus de Protección Temporal (TPS), expresó su inquietud: “Los latinos somos la fuerza que mueve este país. Hoy en día, uno se siente temeroso por todo lo que está pasando”, declaró en entrevista con EFE desde Miami.
Un pilar en riesgo
Según datos del American Immigration Council, el 25,7 % de los trabajadores en construcción en EE.UU. son inmigrantes, y el 14,1 % de ellos carece de documentación. En ciudades como Miami, esta proporción llega hasta el 75 %, según el economista Ned Murray, de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
“Está bien documentado que la construcción es una de las industrias que más sufriría con deportaciones masivas”, afirmó Murray, advirtiendo que cualquier disrupción tendría un efecto directo sobre el ya grave déficit de vivienda que enfrenta el país.
Déficit habitacional y escasez de mano de obra
La posible expulsión de trabajadores inmigrantes amenaza con profundizar la crisis de vivienda en Florida, que arrastra escasez desde 2018 y se agudizó con la pandemia. EE.UU. necesita alrededor de 454.000 nuevos trabajadores en el sector este año para suplir la demanda, pero podría perder hasta 1,8 millones si se cumplen las metas de deportación planteadas por Donald Trump, según estudios del Urban Institute.
Organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) han denunciado que las redadas están generando un clima de “miedo y persecución”, que incluso afecta proyectos críticos en desarrollo. “Si espantamos a quienes están dispuestos a trabajar bajo el sol, no sé cómo vamos a continuar con los proyectos de construcción tan necesarios”, señaló Thomas Kennedy, analista de FLIC.
A pesar de las críticas, el gobernador Ron DeSantis y el fiscal estatal James Uthmeier han defendido las redadas, destacando la colaboración de agencias estatales con las políticas migratorias del expresidente Trump. “En Florida, estamos liderando el trabajo para implementar la ley inmigratoria federal”, publicó Uthmeier tras el operativo en Tallahassee.