San Juan- La Oficina de la Procuradora de las Mujeres cuenta con plena autoridad para investigar y sancionar el discrimen laboral por razón de sexo tanto en agencias públicas como en entidades privadas, tras una determinación emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, informó este jueves la procuradora Astrid Piñeiro Vázquez.

“Mediante esta determinación, el Tribunal Supremo reconoce que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres tiene la facultad de fiscalizar, investigar e imponer multas a quienes violen la política pública del Estado o los derechos de las mujeres”, expresó Piñeiro Vázquez en declaraciones escritas.

La decisión judicial surge a raíz de una investigación iniciada por la Oficina en defensa de una trabajadora embarazada, quien alegó haber sido removida de su empleo tras notificar su estado. El caso permitió al máximo foro judicial reafirmar la jurisdicción legal y autoridad sancionadora de la entidad.

Según explicó la procuradora, el fallo confirma que la Oficina cuenta con la fuerza legal necesaria para garantizar el respeto a la política pública del Estado en materia de derechos laborales y protección contra el discrimen por razón de sexo en todos los espacios de trabajo.

La validación judicial se alinea con la política pública impulsada por la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, enfocada en el empoderamiento económico de las mujeres y la eliminación de barreras que limitan su desarrollo dentro de la fuerza laboral.

Piñeiro Vázquez añadió que la ley habilitadora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres le otorga autoridad sobre cualquier asociación, organización, institución o persona natural o jurídica donde labore una mujer, con el propósito de ordenar acciones correctivas ante violaciones de derechos laborales.