San Juan– El Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó este viernes intervenir de forma inmediata en la controversia entre el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el gobierno de Puerto Rico sobre el acceso de periodistas a conferencias de prensa en La Fortaleza.

Mediante resolución, el máximo foro judicial declaró “no ha lugar” a un recurso urgente presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón y otras entidades del Ejecutivo, que buscaban que el Tribunal atendiera directamente el caso sin esperar el trámite ordinario en el Tribunal de Apelaciones.

La disputa surge luego de que el CPI impugnara como inconstitucional el requisito de presentar una certificación vigente del Departamento de Estado para poder acceder a actividades de prensa en la sede del Ejecutivo.

El Tribunal de Primera Instancia había fallado a favor del CPI, al concluir que dicha exigencia constituye una limitación indebida al derecho constitucional a la libertad de prensa, al restringir el acceso a la información gubernamental.

En su recurso, el gobierno argumentó que la medida responde a criterios de orden y seguridad, y que su aplicación es neutral. También sostuvo que la sentencia del foro primario plantea controversias constitucionales de alto interés público, incluyendo el alcance del acceso a foros gubernamentales.

No obstante, el Tribunal Supremo optó por no intervenir en esta etapa procesal, dejando que el Tribunal de Apelaciones atienda el caso con prioridad.

En un voto de conformidad, el juez asociado Ángel Colón Pérez respaldó la decisión y reiteró que la libertad de prensa es un derecho fundamental de la más alta jerarquía constitucional. Además, coincidió con el análisis del tribunal inferior de que exigir la certificación como condición de acceso a conferencias de prensa representa una restricción irrazonable que afecta el ejercicio periodístico.

El caso se produce en un contexto más amplio de tensiones sobre el acceso a la información pública en Puerto Rico, un tema que ha sido objeto de múltiples litigios y pronunciamientos judiciales en años recientes.

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