Singapur– El Parlamento de Singapur aprobó este martes una nueva ley que permite imponer castigos físicos de entre 6 y 24 latigazos a los responsables de estafas digitales y fraudes electrónicos, una medida que busca frenar el auge de este tipo de delitos que en 2024 provocaron pérdidas récord de más de 1.100 millones de dólares.
El castigo corporal —ya aplicado en Singapur para delitos como el robo, la violación o el tráfico de drogas— podrá imponerse a miembros de redes criminales, reclutadores de estafadores, colaboradores logísticos y “mulas bancarias” que faciliten tarjetas SIM o credenciales del sistema de identidad digital Singpass.
La cantidad de latigazos dependerá de la gravedad del delito, y los tribunales decidirán caso por caso si procede la aplicación de la pena. La legislación contempla un máximo de 24 flagelaciones continuas, aplicables únicamente a hombres menores de 50 años, de acuerdo con el código penal del país.
La medida surge tras el incremento alarmante de estafas cibernéticas en Singapur, muchas de ellas vinculadas a redes del Sudeste Asiático y mafias chinas que operan desde centros de fraude digital, donde trabajadores son forzados y torturados para cometer delitos en línea.
En marzo pasado, un diputado propuso la introducción de castigos físicos como parte del esfuerzo por “reconocer el grave daño causado por las estafas digitales”, una idea respaldada posteriormente por la entonces ministra del Interior, Sun Xueling.
El endurecimiento de las sanciones coincide con un operativo internacional contra el empresario chino Chen Zhi, líder del conglomerado Prince Group, acusado de lavado de dinero, falsificación y trata de personas vinculadas a esquemas de estafa digital. Las autoridades singapurenses confiscaron bienes valorados en más de 150 millones de dólares singapurenses, incluyendo un yate y once automóviles de lujo.
La decisión del Parlamento ha generado debate internacional, ya que organismos de derechos humanos y la ONU han criticado los castigos físicos como una violación de los estándares internacionales de justicia. Sin embargo, Singapur defiende su sistema como un elemento disuasorio eficaz que contribuye a mantener bajos índices de criminalidad en el país.