San Juan – La senadora de Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, evitó este jueves responder preguntas sobre una querella anónima por alegada violencia de género presentada ante la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), la cual fue filtrada a la prensa semanas atrás.
“No voy a responder sobre ese tema, pero estoy en la mejor disposición de contestar preguntas sobre los asuntos legislativos de mi oficina”, expresó la legisladora al ser abordada por la prensa.
Cuestionada sobre su pedido de investigación en torno a la persona que entregó la querella a la OPM, reiteró que no hará expresiones al respecto. Asimismo, al solicitarle una reacción dirigida a víctimas que pudieran sentirse desalentadas a presentar denuncias por la exposición pública de su caso, contestó que podría expresarse “tal vez más adelante”.
Por otra parte, Rodríguez Veve negó distanciamiento con su colectividad. “Estoy aquí delante de ustedes como portavoz de Proyecto Dignidad… la gente se entretiene”, reaccionó.
Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa en la que anunció la radicación de la Resolución Conjunta del Senado 88, que ordena al secretario de Hacienda redirigir por 12 meses al Fideicomiso para el Retiro de la Policía los fondos actualmente destinados al Fondo de Mejoras Municipales, conocido como “el barrilito”.
“Este proyecto es un llamado a todos los legisladores de distrito a unirse, por un año, para que los fondos del llamado ‘barrilito’ vayan dirigidos a ayudar a la Policía, garantizándoles un retiro digno a los miembros retirados de la Uniformada. Una inyección al fondo de Retiro de la Policía permitirá poner en marcha la implementación efectiva de la ley”, señaló la senadora.
Subrayó que la medida no elimina recursos para servicios municipales, sino que busca atender una necesidad urgente. “Estamos llamados a demostrar con hechos que el retiro digno de nuestros policías es prioridad. No puede haber mejor inversión que devolverle justicia a quienes han entregado su vida por Puerto Rico”, añadió.
La propuesta responde al Segundo Informe Parcial de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, que reveló que, a más de cuatro años de aprobada la Ley 40-2020, los policías retirados aún no han recibido dinero del fideicomiso. El informe también identificó atrasos en la fiscalización de máquinas de azar y ausencia de aportaciones recurrentes.
Según los datos presentados, al 26 de agosto de 2025 se habían recaudado 7.3 millones de dólares por el proceso de licenciamiento de máquinas de azar, de los cuales solo 922,778.91 llegaron al fideicomiso. Además, se recaudaron 1,013,774.16 dólares en planes de recobro a operadores con deudas, mientras que las multas impuestas por la Comisión de Juegos superan el millón de dólares. Actualmente operan unas 18,456 máquinas autorizadas, pero se estima que existen alrededor de 75,000 ilegales que no generan ingresos.