San Juan- En Puerto Rico, comprar una casa se ha convertido en un reto cada vez más difícil para miles de familias de clase media.
Entre el aumento en materiales de construcción, las altas tasas hipotecarias, la escasez de inventario y el encarecimiento del terreno, cada vez menos personas logran adquirir una vivienda propia, especialmente en municipios como San Juan.
Ahora, una nueva ordenanza municipal busca aliviar parte de esa presión eliminando algunos de los costos contributivos más importantes asociados a la construcción de vivienda nueva. “En San Juan estamos impulsando una iniciativa dirigida a remover barreras contributivas, estimular nueva construcción y crear mejores condiciones para el desarrollo de vivienda accesible para nuestra clase media y trabajadora”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo en declaraciones escritas.
La propuesta legislativa presentada ante la Legislatura Municipal crearía exenciones totales del arbitrio de construcción y de la patente municipal para proyectos de vivienda asequible dirigidos a la clase media y profesional.
Actualmente, San Juan cobra un arbitrio equivalente al 5 % del costo total de construcción, un gasto que desarrolladores suelen transferir al precio final de venta.
La medida sustituiría el actual Artículo 4.59 del Código de Desarrollo Económico Municipal y estaría vigente entre el 1 de julio de 2026 y el 1 de julio de 2031.
En términos prácticos, el impacto económico podría ser significativo. “Reducir cargas contributivas dentro del proceso de desarrollo permite que más proyectos puedan materializarse y que San Juan continúe posicionándose como una ciudad atractiva para inversión responsable y crecimiento económico sostenible”, expresó el director del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de San Juan, Joel A. Pizá Batiz.
Según el análisis al que Punto Digital tuvo acceso, un desarrollo de 100 unidades con un costo de construcción de $400,000 por unidad podría ahorrar aproximadamente $2 millones únicamente en arbitrios municipales. La exención aplicaría exclusivamente a proyectos de nueva construcción y no incluiría remodelaciones o propiedades de lujo.
Otros municipios deberían imitar la iniciativa pero…
La economista Heidi Calero aplaudió la propuesta del Municipio capitalino y apoyo, en principio, que otros ayuntamientos tomen medidas similares. «Definitivamente, pero es un problema que depende de los recursos que tengan los municipios» expresó. Calero reconoció que el problema de vivienda «es serio» y opinó que «tampoco hay tantos municipios que tengan la visión de entender la situación grande que tiene Puerto Rico».
La ordenanza fue radicada el pasado 24 de abril y se encuentra proceso de evaluación por parte de la Asamblea Municipal, según constató Punto Digital. Para cualificar, la propiedad tendría que utilizarse como residencia principal dentro del municipio. La propuesta también otorgaría exención de patente municipal a contratistas y subcontratistas sobre el volumen de negocio generado específicamente por proyectos cualificados.
El tema llega en medio de crecientes preocupaciones sobre acceso a vivienda en Puerto Rico.
La propia exposición de motivos del proyecto reconoce que la construcción de viviendas en la isla se ha desplomado dramáticamente. Según datos citados de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, en 2024 apenas se construyeron unas 700 viviendas, comparado con más de 4,300 en 2011.
Firmas económicas como Estudios Técnicos llevan años advirtiendo sobre el deterioro del mercado de vivienda y el impacto que esto tiene sobre el crecimiento económico, movilidad laboral y retención de jóvenes profesionales.
Diversos análisis de Estudios Técnicos también han señalado que Puerto Rico enfrenta simultáneamente:
- reducción en inventario disponible
- aumento acelerado en precios de venta
- envejecimiento poblacional
- y pérdida de vivienda asequible en zonas urbanas
El fenómeno ha sido particularmente visible en San Juan, donde el aumento en alquileres de corto plazo, desarrollos de lujo y costos de construcción ha complicado el acceso a vivienda para residentes locales. La ordenanza busca precisamente aumentar competitividad para proyectos dirigidos a compradores de ingresos medios.
Pero el proyecto también tiene riesgos y limitaciones. Uno de los aspectos más importantes es que si durante la construcción el proyecto excede el límite FHA debido a órdenes de cambio o aumentos de costos, perdería completamente la exención contributiva. Eso obliga a desarrolladores a mantener disciplina estricta en presupuestos y contratos. Además, la Oficina de Finanzas Municipal tendría amplia discreción para solicitar documentos adicionales y validar cumplimiento de requisitos.
Por ahora, la medida todavía no ha sido aprobada oficialmente por la Legislatura Municipal. Sin embargo, el debate refleja una realidad cada vez más evidente en Puerto Rico: para miles de familias de clase media, el problema ya no es solo querer comprar una casa… sino poder costearla.