San Juan — La demanda anunciada por el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) podría representar presión legal directa para obligar a la corporación pública a mejorar el servicio de agua potable que afecta diariamente a miles de abonados en la zona metropolitana. Residentes de distintos sectores llevan meses denunciando interrupciones constantes, baja presión y largos periodos sin acceso al agua.

Para los consumidores, la acción judicial busca que la AAA responda por las fallas operacionales y establezca soluciones permanentes ante una crisis que ha obligado a muchas familias a comprar agua embotellada, almacenar suministros y depender de oasis o camiones cisterna. Comercios y pequeños negocios también han reportado pérdidas económicas debido a los cortes recurrentes del servicio.

Según explicó Romero, la demanda incluiría recursos legales de mandamus, injunction y sentencia declaratoria, herramientas que podrían permitir al tribunal ordenar acciones inmediatas para corregir los problemas de distribución y operación dentro de la AAA. El alcalde sostiene que la situación no responde únicamente al deterioro de infraestructura, sino también a deficiencias administrativas y falta de respuesta efectiva ante las querellas de los ciudadanos.

La demanda podría provocar además mayor fiscalización sobre la AAA y acelerar proyectos de reparación de infraestructura en San Juan. Mientras tanto, expertos advierten que la situación podría empeorar durante el verano por el aumento en el consumo de agua y el deterioro de las instalaciones del sistema de distribución.