La ciudad californiana le hace frente a la política migratoria de Trump y las detenciones por parte del personal de ICE. Mientras, la Casa Blanca ordena el despliegue de la Guardia Nacional para detener «invasión de criminales ilegales».   

Por Ricardo Currás

Estados Unidos – La ciudad de Los Ángeles, California es recientemente escenario de protestas y manifestaciones contra las operaciones de detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). LA, como es conocida en la pronunciación inglesa, es una ciudad santuario al igual que el estado de California.

En ese contexto, una «ciudad santuario» es una jurisdicción en los Estados Unidos que mantiene una política que limita o define el grado en que un gobierno local o estatal compartirá información con los funcionarios de la ley federal de inmigración

Tal realidad social y política es objetivo de la administración del presidente Donald Trump que, previamente y en los inicios de su mandato, anunció acciones de ley para ser ejecutadas por personal de ICE en materia de inmigración ilegal. Por ello las reacciones de repudio y rechazo de una parte de la población.  

Desde Washington, el discurso oficial del gobierno es detener lo que califican de «invasión de criminales ilegales». Para ello, la Casa Blanca emitió este sábado 7 de junio un Memorando Presidencial en la que destaca el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional y el llamado a los miembros del servicio federal.

Para Washington, la reacción del liderato demócrata de California ha sido «abdicar completamente de su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos».

De manera que en el Memorando se expone que se constituyen en una «forma de rebelión», contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos, «los incidentes, desórdenes y amenazas contra el personal federal, y las protestas violentas que atentan contra la seguridad y propiedad federales».

Igualmente, el texto estipula que el despliegue militar en los lugares de protesta es para «proteger temporalmente» a los empleados de ICE, personal federal en funciones, las propiedades y las leyes federales.

De igual modo, delega funciones al secretario de Defensa, Peter Hegseth, para coordinar con los Gobernadores de todos los estados y los directivos de los cuerpos de la Guardia Nacional cualquier acción inmediata. La activación de los soldados es por 60 días y luego a discreción de Hegseth.

El documento también le autoriza al secretario de Defensa emplear otros miembros regulares de las Fuerzas Armadas, para cuyas acciones deberá estar en consulta con la Attorney General, Pam Bondi y la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem. 

En lo que respecta al estado de California, para su gobernador, Gavin Newsom, demócrata elegido en el 2018, los cambios en la política migratoria de la administración Trump generan una diferencia ideológica marcada. Newsom le hace frente a Trump y ha emitido declaratorias para señalar que las redadas federales en toda California «son caóticas y que se ejecutan para cumplir una cuota arbitraria de arrestos». A su juicio, el despliegue de la Guardia Nacional es una «misión errónea». No es información para obviar que California tiene poder económico en todo el territorio estadounidense por sus aportes millonarios al gobierno federal. Estudios con respecto a su desarrollo la ubican como la cuarta economía mundial, como si se tratase “un país soberano” (Rockefeller Institute, 2022).

A juzgar por las imágenes que se difunden mundialmente y el debate nacional, a favor y en contra, con respecto al proceder de las autoridades en materia de inmigración, la polarización republicana y demócrata se amplía.