Bogotá, Colombia – Al menos 9.000 migrantes han regresado a Colombia durante 2025 cruzando la selva del Darién desde Panamá, México y Costa Rica, según datos revelados este jueves por la Procuraduría General de la Nación. El organismo urgió al gobierno colombiano y a las autoridades regionales a atender de forma urgente la crisis humanitaria que se vive en la frontera con Panamá.

El fenómeno, calificado como “flujo migratorio inverso”, corresponde a personas que emprendieron la ruta hacia Estados Unidos, no lograron completar el trayecto y se vieron forzadas a retornar por la peligrosa selva del Darién.

“No podemos estar con esta situación de flagrante violación de los derechos humanos básicos de estas personas que, tal vez equivocadas, decidieron tomar ese rumbo del Darién y quedaron allí atrapadas en esta trampa mortal”, declaró Néstor Osuna, procurador delegado para los Derechos Humanos.

Un equipo de la Procuraduría visitó recientemente el área, identificando una grave falta de atención básica en alojamiento, alimentación, salud física y mental. Además, el informe advierte sobre la presencia de redes criminales que se lucran con esta crisis, y la falta de intervención estatal.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 400.000 personas —principalmente venezolanas— cruzaron el Darién en 2024, un año que registró al menos 174 muertes, la cifra más alta hasta la fecha.

Los migrantes que regresan al país tienen orígenes diversos, incluyendo Venezuela, India, Afganistán, Colombia y Ecuador, y se enfrentan a riesgos como estafas, discriminación, detenciones arbitrarias y hostigamientos por parte de grupos armados ilegales, advirtió la Procuraduría.

Además del tradicional paso por Capurganá en el Caribe, se ha identificado una expansión del flujo migratorio inverso hacia rutas por el Pacífico colombiano, incluyendo los municipios de Juradó y Bahía Solano en el departamento selvático del Chocó. Desde allí, las redes ofrecen traslado marítimo hacia Buenaventura, el principal puerto del país en el océano Pacífico.

La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la vulnerabilidad de los migrantes frente a organizaciones criminales como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantienen control territorial en varias de estas zonas de tránsito.

El mes pasado, el Gobierno de Panamá cerró su principal estación migratoria en la salida del Darién tras registrar una caída drástica en el flujo migratorio hacia el norte, debido a nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos.

La Procuraduría hizo un llamado urgente a las Cancillerías de Colombia y Panamá, así como a las autoridades locales, para que se brinde una respuesta coordinada y humanitaria frente a esta nueva etapa de la crisis migratoria continental.