San Juan– La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, reaccionó este lunes a la solicitud de la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien pidió a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, que investigue una controversia vinculada a una querella anónima por alegada violencia de género.
En declaraciones escritas, Piñeiro Vázquez rechazó categóricamente que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) haya divulgado o confirmado información relacionada con procesos confidenciales.
“Desde esta oficina se sostiene de manera categórica que no se ha divulgado, confirmado ni validado información relacionada con querellas anónimas ni documentos confidenciales. La protección de la información sensitiva de quienes acuden a la OPM es una prioridad esencial”, afirmó.
La funcionaria enfatizó que la misión principal de la agencia es proteger a las mujeres y salvaguardar la confidencialidad, y no participar en controversias políticas o mediáticas. Aseguró que la OPM ha cumplido rigurosamente con sus responsabilidades.
La petición de Rodríguez Veve a la fiscal federal
En una carta enviada a la fiscal general, Pamela Bondi, la senadora Rodríguez Veve solicitó que se investiguen varios aspectos relacionados con la querella anónima divulgada el 20 de agosto de 2025:
- El origen de la carta anónima y las circunstancias de su divulgación ilegal.
- Si la OPM violó disposiciones de confidencialidad establecidas bajo la Ley federal de Violencia contra la Mujer (VAWA).
- Si las políticas y procedimientos actuales protegen adecuadamente la información personal de víctimas o alegadas víctimas.
- Que se tomen las acciones correspondientes para garantizar el cumplimiento con la ley federal y prevenir daños adicionales.
Justicia cerró la investigación en octubre
El pasado 24 de octubre, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, informó que la investigación relacionada con la querella anónima que alegaba que Rodríguez Veve había sido víctima de violencia doméstica concluyó sin que se encontraran elementos para presentar cargos.
Según Justicia, el Ministerio Público evaluó la evidencia disponible y determinó que no había base legal para iniciar un proceso criminal bajo la Ley 54-1989.
La querella fue radicada a finales de agosto por una mujer que acudió presencialmente a las oficinas de la OPM. El documento alegaba que la senadora era víctima de un patrón de violencia por parte de su entonces pareja, Carlos Mercader.
Hasta el momento, ni la senadora ni Mercader han ofrecido declaraciones públicas actualizadas sobre la situación.