San Juan- Río Grande y Canóvanas llevan meses entrando y saliendo de ciclos de racionamiento. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha tenido que ajustar sus operaciones en al menos seis embalses del país, y esta semana el Centro Unido de Detallistas estimó que las interrupciones de servicio les cuestan a los comercios de la isla entre $18 millones y $20 millones diarios. La pregunta que muchos se hacen es por qué esto, que solía tratarse como una emergencia puntual, ahora se siente permanente.
La causa inmediata: sequía prolongada
Según el Servicio Nacional de Meteorología, Puerto Rico enfrenta un déficit de lluvia de 10 pulgadas. Para que el suministro de agua se estabilice de forma continua, la isla necesitaría lluvia sostenida durante un periodo prolongado que compense esa deficiencia —no un aguacero puntual.
Los embalses Carraízo y Cidra se mantienen en nivel de observación, una etapa que exige monitoreo constante ante la reducción de sus reservas, mientras que la mayoría de los embalses principales del país permanecen, por ahora, en nivel de seguridad. La planta de filtros de Guzmán Arriba, que abastece sectores de Río Grande y Canóvanas, ha estado operando bajo un plan de racionamiento por la reducción en el flujo de agua disponible, con ciclos de interrupción de 48 horas. Cuando llueve lo suficiente, la AAA ha pausado temporalmente esos ciclos, solo para retomarlos semanas después cuando las lluvias vuelven a escasear.
Ese patrón —racionar, pausar por lluvia, racionar de nuevo— es precisamente lo que ha hecho que la situación se sienta crónica en lugar de puntual: no se trata de un evento aislado, sino de un ciclo que se repite porque la oferta de agua depende casi enteramente de qué tan seguido llueve, sin margen de reserva suficiente para absorber periodos secos prolongados.
El costo económico ya es medible
El Centro Unido de Detallistas (CUD) advirtió esta semana que los comercios —especialmente lavanderías, salones de belleza, centros de cuido, restaurantes y negocios de alimentos que dependen del agua corriente para operar y cumplir con requisitos sanitarios— están absorbiendo gastos de hasta $700 diarios por negocio en agua embotellada, camiones cisterna y mantenimiento de tanques. La organización calcula que, en conjunto, esas pérdidas rondan los $18 a $20 millones diarios en las zonas más afectadas, y ha pedido una moratoria en el cobro de patentes e IVU para los negocios ubicados en esas áreas, además de una declaración de emergencia comercial.
Un problema de infraestructura, no solo de lluvia
Más allá de la sequía, el racionamiento recurrente también refleja las limitaciones estructurales del sistema de distribución de agua de la isla: una infraestructura envejecida, con pérdidas de agua en tuberías y una capacidad de almacenamiento que no se ha ampliado al ritmo de la demanda ni de los patrones de lluvia cada vez más irregulares. Mientras esas limitaciones de infraestructura no se atiendan, cualquier temporada seca —por corta que sea— puede volver a activar los mismos ciclos de racionamiento que ya se han hecho familiares para miles de familias y negocios en el área metropolitana y sus alrededores.