Ciudad de Panamá – El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, afirmó este martes que el marco legal de la vía interoceánica es claro: todos los buques deben pagar por transitar, sin excepción, salvo los barcos de guerra colombianos, protegidos por un acuerdo binacional.
Las declaraciones se producen luego de que trascendiera la intención del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de que sus buques de guerra y auxiliares transiten sin costo alguno por el canal, bajo el argumento de que EE.UU. construyó la vía y contribuye a su seguridad.
“Nosotros lo único que hemos dicho es que queremos escuchar cuál es la aspiración del Gobierno de EE.UU., pero tenemos un marco legal muy bien definido”, expresó Vásquez a la prensa. “Todos los demás buques pagan, los panameños y los de cualquier otra bandera”.
Vásquez recordó que solo las naves militares colombianas están exentas de peaje, gracias al Tratado de Montería firmado en 1979. En ese sentido, sostuvo que hasta el momento “no ha cambiado nada en términos de peajes con relación a los buques de la marina de guerra de EE.UU.”
El Tratado de Neutralidad que rige el Canal desde el 1 de octubre de 1979 contempla el paso expedito —no gratuito—de buques de guerra estadounidenses, pero no les concede exención de tarifas. “Aspiracionalmente puedo entender la solicitud de Estados Unidos, pero si haces eso también tendrías que atender la solicitud de todos los países del mundo”, dijo Vásquez.
El Canal de Panamá, que une el Atlántico y el Pacífico, es una vía crucial para el comercio marítimo global. EE.UU. sigue siendo su principal cliente, seguido de China y Japón. En 2025, la Autoridad del Canal proyecta ingresos por más de 5.623 millones de dólares, impulsados en parte por inversiones estratégicas en infraestructura, incluyendo su histórica ampliación.
Analistas y sectores políticos panameños han advertido que cualquier intento de Estados Unidos por eximirse de los pagos violaría el marco jurídico vigente, incluyendo los Tratados Torrijos-Carter, que garantizaron la soberanía panameña sobre la vía tras su traspaso hace 25 años.