San Juan- El comisionado residente en Washington y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, expresó su respaldo a la decisión del Gobierno de Puerto Rico de cancelar el contrato de LUMA Energy, aunque cuestionó la tardanza de la administración en acudir a los tribunales.
“Apoyo la cancelación del contrato de LUMA como paso para lograr un sistema de energía más barato, estable y sostenible para los puertorriqueños. Solo lamento que el Gobierno haya tardado tanto en radicar la demanda”, sostuvo Hernández en declaraciones escritas.
Por su parte, el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, criticó duramente a la gobernadora y al Partido Nuevo Progresista (PNP), al señalar que el Gobierno tardó 343 días en presentar la demanda contra LUMA, mientras que las delegaciones del PPD impulsaron legislación desde enero de 2025 para cancelar el contrato.
“Una vez más, el PNP llega tarde. Fue bajo ese partido que se aprobó la extensión del contrato de LUMA que ahora este gobierno pretende declarar nula, y fue el hoy zar de la energía quien la extendió cuando fungía como director ejecutivo de la AEE en 2022”, expresó Calderón Cerame. Añadió que el PPD respaldará cualquier acción necesaria para sacar a LUMA y lograr un servicio eléctrico eficiente y a bajo costo para los puertorriqueños.
Mientras, el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, cuestionó el enfoque legal adoptado por el Gobierno, al señalar que la demanda presentada no contiene señalamientos directos contra LUMA por incumplimiento, sino que se limita a impugnar el proceso mediante el cual se aprobó la extensión del contrato, alegando falta de votos para su validez.
“¿Dónde está el expediente que estaba creando el Gobierno? Que lo presenten”, reclamó el senador, al recordar que la Delegación del PPD radicó desde el 2 de enero de 2025 la Resolución Conjunta del Senado 10 para cancelar el contrato, medida que fue derrotada por la mayoría del PNP en el Senado.
Hernández Ortiz advirtió además que el proceso judicial podría requerir tiempo, recursos y fondos públicos, por lo que expresó preocupación ante la posibilidad de que el litigio afecte el servicio eléctrico durante su trámite. A su juicio, la acción del Gobierno refleja una “doble vara”, al prometer cancelar el contrato por incumplimientos reiterados de LUMA, pero recurrir finalmente a un argumento de nulidad administrativa.
“Nos trajeron a LUMA, nos lo vendieron como ‘lo mejor para Puerto Rico’, y ahora quieren proyectar que defienden al país con fundamentos distintos a los que han prometido por meses”, concluyó.