San Juan- La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico informó este lunes que el Registro Demográfico del Departamento de Salud cobró más de 2.9 millones de dólares en exceso a los ciudadanos por la expedición de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción mediante tarifas no autorizadas.

Según el informe, el Registro Demográfico aplicó cobros por encima de lo establecido en el Reglamento 5961, lo que resultó en un exceso total de 2,904,445 dólares en 487,559 certificaciones.

Las tarifas comenzaron a aplicarse en noviembre de 2015 tras una enmienda de emergencia al reglamento que nunca fue presentada ante el Departamento de Estado, como requiere la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

El examen de la OIG también reveló fallas en los controles internos, deficiencias tecnológicas y atrasos en la entrega de documentos. Al 30 de junio de 2024, existían 4,589 solicitudes pendientes desde 2022 sin que la agencia contara con un proceso formal para cancelarlas.

La investigación apunta además a que el Registro Demográfico mantiene reglamentos sin revisar por más de dos décadas y carece de protocolos de seguridad informática, lo que representa “un riesgo para la confidencialidad de la información personal”.

Recomendaciones de la OIG

La OIG ordenó al Registro Demográfico actualizar el Reglamento 5961 conforme a la Ley 38-2017, así como establecer medidas de control de calidad, métricas de tiempo para la expedición de certificados y autenticación multifactor en sus plataformas digitales.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar irregularidades relacionadas con el uso de fondos públicos a través de la línea confidencial 787-679-7997, el correo informa@oig.pr.gov o el portal www.oig.pr.gov/informa.