La Fortaleza – La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este lunes dos nuevas leyes dirigidas a fortalecer la respuesta del sistema de salud durante emergencias y a modificar procesos relacionados con las subastas y contrataciones gubernamentales.
La primera medida, convertida en la Ley 117-2026, autoriza la expedición de licencias provisionales a médicos y otros profesionales de la salud durante situaciones de emergencia de salud pública, con el fin de aumentar la disponibilidad de personal para atender a la población.
Según la legislación, el secretario de Salud podrá ordenar la emisión de estas autorizaciones temporeras cuando la emergencia haya sido declarada por el presidente de Estados Unidos, la gobernadora de Puerto Rico o el propio Departamento de Salud.
La ley permitirá ejercer temporalmente a profesionales con licencias activas en cualquier jurisdicción o territorio de Estados Unidos, así como a personas que ya hayan aprobado los exámenes requeridos para su profesión y estén en espera de recibir su licencia oficial.
“Con esta legislación aseguramos que Puerto Rico cuente con las herramientas necesarias para responder con agilidad y eficacia ante emergencias de salud pública”, expresó González Colón.
Las licencias provisionales estarán vigentes mientras dure la emergencia y podrán ser revocadas por las juntas examinadoras correspondientes en caso de incumplimiento con las leyes o reglamentos aplicables.
La medida surge del Proyecto del Senado 318, presentado por el senador Juan Oscar Morales Rodríguez y coauspiciado por el senador Rafael Santos Ortiz.
Por otro lado, la gobernadora también firmó la Ley 118-2026, que introduce cambios a los procesos de subastas y contratación pública.
La nueva legislación establece que solo será considerado licitador participante quien cumpla con todos los requisitos establecidos y presente su propuesta dentro del término dispuesto.
Además, dispone que cuando una oferta sea rechazada por haberse presentado fuera del plazo establecido, la determinación será final para ese licitador y comenzará inmediatamente el período para impugnar la decisión.
La ley también requiere que cualquier modificación a un aviso de adjudicación sea notificada mediante el mismo procedimiento utilizado originalmente y a todas las partes involucradas.
Esta medida se originó en el Proyecto del Senado 372, presentado por el senador Carmelo Ríos Santiago.