Por Ricardo Currás
Nueva Jersey, Estados Unidos-Las modificaciones constitucionales en El Salvador, y que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa, impresionan al observador externo. El motivo evidente es la figura presidencial de Nayib Bukele, que ha penetrado en todos los aspectos políticos, jurídicos, legislativos y sociales de la nación centroamericana. A ello hay que añadirle la repercusión e impacto de su gestión, con sus pros y contras, que ahora tiene la incorporación y oportunidad de la «reelección presidencial indefinida».
El pasado 31 de julio del presente año la legislatura salvadoreña aprobó cambios en cinco artículos constitucionales (en orden: 75, 80, 133, 152 y 154). De los 60 diputados, la mayoría de 57 le votó a favor por pertenecer al partido Nuevas Ideas de Bukele. Los tres puntos principales del trámite legislativo fueron: aprobar la reelección indefinida, anular la segunda vuelta y extender el periodo presidencial a seis años.
Para el oficialismo, y la gestora de la legislación, la diputada Ana Figueroa de Nuevas Ideas, con lo ya ratificado se busca «actualizar el sistema electoral salvadoreño para optimizar recursos públicos». Por lo que ahora habrá un mismo ciclo electoral que integra la elección presidencial, la legislativa y la municipal, que previamente eran separadas.
Desde que obtuvo la independencia de España en 1821, El Salvador ha tenido varias constituciones y la vigente es la de 1983 como resultado de un pasado azotado por el conflicto armado. Este punto es importantísimo, porque explica mucho el ascenso de Bukele al poder y cómo su discurso anticorrupción y de seguridad sedujo a un pueblo salvadoreño harto, hastiado y exprimido por la violencia y el crimen. De paso, tal carta de derechos prohibía la reelección «inmediata» de un candidato presidencial.
En su contexto político, desde 1999 hasta el 2019, El Salvador tuvo cuatro presidentes involucrados en la «prevalencia de la corrupción». Además, el panorama político era dominado por el bipartidismo: Alianza Republicana Nacional (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Es Bukele quien rompe con ese bipartidismo en el 2019 ganando en primera vuelta y con un discurso de denuncia y combate contra la corrupción.
Desde entonces, Bukele, que en la plataforma X se autodenomia “Philosopher King”, ha usado todos los recursos disponibles para consolidar su autoridad. Rodeado de parientes y amigos en la gobernanza, ordenó la entrada de los soldados en la Asamblea Legislativa por motivos de presupuesto militar, se ha metido con el poder judicial para hacer cambios y destituciones, en febrero de 2021 las elecciones legislativas favorecieron a su partido, lo que le dio luz verde para reemplazar la Corte Suprema y los fiscales en todo el país, adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal (hay legislación aprobada en el 2021) y declaró el estado de sitio en el 2022. En el plano exterior, Bukele responde a la misma visión ideológica de Donald Trump y, al igual que Javier Milei en la Argentina, es un abanderado del populismo de derecha que se contrapone a los gobiernos de izquierda.
Claro está, la oposición asocia este acaparamiento y las enmiendas constitucionales recientes con la «muerte de la democracia salvadoreña», que entidades internacionales de derechos humanos se hacen eco. En contraste, al salvadoreño de a pie la reducción contundente en los homicidios y la violencia, junto al disfrute de la seguridad y la paz, «gracias a Bukele», tiene un peso enorme más que cualquier crítica o fustigación.
Sin embargo, dice la expresión que «el diablo está en el detalle». Por lo tanto, son los salvadoreños, con su fiscalización y celo por el bien público, quienes permitirán o no que un Bukele se perpetúe en el poder.
Estas modificaciones pudieran favorecer o jugarle una mala pasada al propio «presidente millenial». Resulta que, aunque fue reelecto en febrero de 2024 para un periodo de cinco años, le restaron dos a su presidencia. El Salvador tendrá elecciones anticipadas en el 2027, porque a partir de la fecha del 1 de junio entrarán en vigor las modificaciones constitucionales aprobadas. Quien resulte ganador de la contienda tendrá un mandato de 2027 a 2033.
Como pueblo soberano los salvadoreños tienen un deber con su conciencia de decidir con su voto si perpetúan a Nayib Bukele o frenan la «reelección indefinida», mediante el trabajo atento de la fiscalización a la gestión presidencial y política. Igualmente, la mayoría legislativa bukeleana debe tener en cuenta que tal legislación pudiera acompañar y beneficiar a otro candidato presidencial en el futuro y que no sea de derecha. Ante tal posible panorama habrá que esperar qué juicio de memoria histórica y en qué condición de protección a su constitución actuarán los salvadoreños cuando otro viento ideológico coloque otra mayoría.