San Juan- El presidente ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca, reaccionó en la noche del jueves a la radicación de una demanda por parte de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), mediante la cual el Gobierno de Puerto Rico busca declarar nula la extensión del contrato suplementario con el consorcio, aprobada en el año 2022 bajo la administración del entonces gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

En declaraciones escritas, Saca informó que la empresa se encuentra evaluando el recurso legal presentado por la AAPP para determinar sus próximas acciones, al tiempo que reafirmó el compromiso de LUMA con la transformación del sistema eléctrico del país.

“Estamos evaluando la radicación de la AAPP para explorar nuestras opciones legales, manteniéndonos firmes en nuestro compromiso con la transformación energética de Puerto Rico”, expresó.

El ejecutivo advirtió que los intentos de invalidar o modificar un contrato legalmente vinculante en esta etapa envían un mensaje preocupante a potenciales inversionistas y empresas interesadas en hacer negocios en Puerto Rico. Según sostuvo, esta acción podría generar interrupciones en un momento crítico para el sistema eléctrico, retrasar proyectos de modernización, aumentar el riesgo de apagones y afectar el uso de fondos federales destinados a mejoras de infraestructura.

“Esta acción también podría interrumpir la continuidad, atrasar aún más los proyectos dirigidos a mejorar el sistema eléctrico, aumentar el riesgo de interrupciones, atrasar el tiempo de restauración y retrasar mejoras financiadas con fondos federales”, señaló Saca.

Aunque indicó que LUMA no ha recibido un aviso formal de cancelación o terminación del contrato, aseguró que, de ocurrir, será evaluado para explorar las alternativas legales disponibles. Reiteró además que la empresa continuará enfocada en su misión de ofrecer un servicio eléctrico seguro, confiable y resiliente.

“Confiamos en que seguimos siendo la solución correcta para la transformación a largo plazo del sistema eléctrico de Puerto Rico, y no permitiremos que acciones motivadas políticamente nos distraigan ni retrasen la restauración que el pueblo de Puerto Rico necesita con urgencia”, añadió.

Fundamentos de la demanda del Gobierno

Según la demanda presentada por la AAPP —que se espera sea atendida mediante un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo—, el proceso de aprobación de la Carta-Extensión del Acuerdo Suplementario es nulo, al no contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público dentro de la Junta de Directores de la AAPP, quienes se abstuvieron, en alegada violación a la Sección 10(b) de la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.

Asimismo, el recurso sostiene que la extensión no contó con el voto del entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz, quien se negó a firmar la Carta-Extensión. En su lugar, esta fue autorizada por el entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat.

La demanda también alega que los términos de la Carta-Extensión carecen de una probación o certificado de cumplimiento energético emitido por el Negociado de Energía de Puerto Rico, y que el documento nunca fue sometido a aprobación legislativa, como exige el Artículo 10(e) de la Ley 29, que dispone que toda extensión de contratos bajo dicha ley debe contar con aval legislativo.