San Juan – La Junta de Planificación comenzará a recopilar información de agencias, municipios, empresas y organizaciones privadas para determinar el impacto económico de la sequía de 2026 en Puerto Rico.

El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, informó que el Programa de Planificación Económica y Social enviará esta semana cuestionarios a entidades públicas y privadas con el propósito de obtener datos que permitan cuantificar las pérdidas provocadas por la emergencia.

“El objetivo del estudio es contar con datos directos y verificables que nos permitan determinar con la mayor precisión posible el alcance real de la sequía sobre nuestra economía”, expresó Morales Martínez en declaraciones escritas.

Según explicó, la información también permitirá establecer una base para evaluar posibles programas de asistencia, reclamaciones, incentivos y otras iniciativas dirigidas a mitigar los daños y apoyar la recuperación económica.

¿Qué impacto medirán?

A través de los cuestionarios, la Junta de Planificación buscará identificar los ingresos que las entidades hayan dejado de generar, costos adicionales, interrupciones en las operaciones, daños, efectos sobre el empleo y gastos incurridos para mitigar la emergencia.

También recopilará información sobre cualquier asistencia que hayan recibido las entidades afectadas.

El estudio forma parte de las acciones adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 2026-035 y sus resultados serán utilizados para respaldar futuras decisiones gubernamentales relacionadas con la recuperación.

Sequías anteriores dejaron pérdidas millonarias

La Junta utilizó como referencia el impacto económico registrado durante sequías anteriores en Puerto Rico.

Según sus estimados, la sequía de 1994-1995 provocó pérdidas agrícolas de $93.9 millones durante el año fiscal 1994, además de otros $100 millones durante el primer trimestre del siguiente año fiscal.

La agencia también calculó una reducción del producto bruto a precios corrientes de $65.7 millones durante el año fiscal 1993-1994 y de $140 millones durante 1994-1995.

En el caso de la sequía de 2014-2015, la Junta estimó daños económicos por $22.7 millones, luego de descontar los ingresos recibidos por los agricultores.

De esa cantidad, $13.8 millones correspondieron al sector agrícola, $3.9 millones a la manufactura, $2.8 millones a los servicios y $2.5 millones al Gobierno.

Morales Martínez exhortó a las entidades que reciban el cuestionario a completarlo para que el estudio pueda reflejar con mayor precisión el impacto de la actual sequía sobre los sectores productivos, el empleo y la continuidad de las operaciones.