San Juan – Para el puertorriqueño que cada mes recibe una factura de luz cada vez más difícil de pagar, la noticia del miércoles es tan simple como frustrante: la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no se resolverá este año. Y mientras los abogados de los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal siguen peleando en los tribunales, son los ciudadanos quienes cargan con el peso de una corporación pública atrapada en una deuda de $12,000 millones de dólares sin salida a corto plazo.

Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta Fiscal, fue directo durante la reunión pública del ente federal: la insistencia de algunos bonistas en litigar por la recuperación total de su deuda, sin proponer alternativas reales, hace prácticamente imposible cerrar el caso de Título III de la AEE antes de que termine el año. «Sin embargo, ante la continua acción judicial de los bonistas, litigando por la recuperación total de 12,000 millones de dólares sin proponer un camino a seguir más allá de ese litigio, es poco probable que la quiebra de la AEE se resuelva este año», afirmó.

¿Qué significa esto para el ciudadano? Que la incertidumbre continuará. Mientras el caso permanezca abierto, la AEE seguirá operando bajo las restricciones del proceso de quiebra, con limitada capacidad para acceder a financiamiento que le permita modernizar su infraestructura, mejorar la confiabilidad del servicio o estabilizar las tarifas. Cada apagón, cada fluctuación en la factura y cada demora en la modernización de la red eléctrica tiene como telón de fondo esta batalla legal que lleva años sin resolverse.

La disputa más reciente gira en torno a quién tiene derecho a cuánto. En abril, los bonistas alegaron tener derecho a registros contables históricos de la AEE, documentos sobre fondos de reembolso federal y otros materiales. El tribunal rechazó en mayo gran parte de esa solicitud, lo que Mujica describió como una victoria para la Junta Fiscal, aunque ciertos bonistas ya apelaron esa decisión. El próximo paso, según el director ejecutivo, será un litigio para determinar el valor real de la garantía de los bonistas y, en consecuencia, cuánto de su reclamación es legítimamente asegurada. «Ese es el camino hacia una resolución que refleje la realidad fiscal y económica de Puerto Rico», sostuvo.

Mientras tanto, los recaudos del Fondo General siguen sin mostrar crecimiento real. Mujica indicó que los ingresos del segundo trimestre estuvieron ligeramente por encima de las proyecciones del Plan Fiscal, pero por debajo de las cobranzas del mismo periodo del año anterior. Los datos de abril muestran que la caída ya no es tan pronunciada, pero el estancamiento económico persiste, lo que limita aún más la capacidad del gobierno de invertir en servicios esenciales para la ciudadanía.

En ese contexto, Mujica también advirtió sobre el costo humano y económico de otros retrasos. En cuanto a la reforma de permisos, que sigue pendiente ante la Legislatura, fue contundente: «Cada año que se retrasa la reforma es un año de inversión que no llega, empleos que no se crean y actividad económica que no se materializa.» Una frase que bien podría aplicarse también a la quiebra de la AEE: cada año sin resolución es un año más de incertidumbre tarifaria, infraestructura deteriorada y un sistema eléctrico que sigue siendo el talón de Aquiles del desarrollo económico de Puerto Rico.