San Juan – La decisión del Departamento de Justicia de no iniciar una investigación contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre la importancia de la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y la obligación de investigar cualquier señalamiento de posible conducta impropia en el servicio público.

La secretaria reaccionó el viernes luego de que Justicia determinara que no existe evidencia suficiente para sostener alegaciones de perjurio relacionadas con expresiones realizadas durante su proceso de confirmación legislativa.

“Siempre confié en que la verdad prevalecería y en que los procesos hablarían por sí solos”, expresó Roig Fuertes mediante declaraciones escritas, al tiempo que insistió en que siempre ha actuado bajo altos estándares éticos y morales.

La controversia surgió tras un referido del senador Luis Javier Hernández Ortiz al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), solicitando evaluar una posible violación al delito de perjurio. El señalamiento estaba vinculado a alegaciones sobre un contrato otorgado a una empresa mientras Roig Fuertes laboraba en el Departamento de Salud.

Sin embargo, tras evaluar documentos, certificaciones oficiales y otra evidencia, el Departamento de Justicia concluyó que no existía prueba suficiente para sostener que la funcionaria mintió intencionalmente o incurrió en conducta ilegal.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, indicó que abogados del Departamento de Salud certificaron que Roig Fuertes nunca fue notificada como investigada, sospechosa o persona de interés en ningún proceso administrativo o penal.

Aunque el caso no prosperó, expertos en asuntos públicos han insistido en que este tipo de investigaciones son esenciales para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que ningún funcionario esté por encima del escrutinio público.

La transparencia y la fiscalización gubernamental continúan siendo reclamos constantes en Puerto Rico, especialmente en momentos en que la ciudadanía exige mayor responsabilidad ética de los servidores públicos y cero tolerancia a la corrupción o a posibles conflictos de interés.

Roig Fuertes sostuvo que la determinación confirma que las alegaciones “carecían de base probatoria suficiente” y aseguró que continuará enfocada en dirigir el Departamento de la Familia y atender a las poblaciones más vulnerables.

“Mi compromiso sigue siendo trabajar con transparencia, responsabilidad y sensibilidad por las familias de Puerto Rico”, afirmó.

El caso también refleja cómo los mecanismos de supervisión institucional —incluyendo el Departamento de Justicia, la Legislatura y el PFEI— juegan un rol clave en examinar actuaciones de funcionarios públicos y asegurar que cualquier denuncia sea atendida mediante procesos formales y documentados.