Washington- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que recibió cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, los cuales deberán ser revisados antes de hacerse públicos.

Según explicó la agencia en un mensaje difundido en redes sociales, abogados del Departamento trabajan de manera continua para examinar el material y aplicar las tachaduras legalmente requeridas, con el objetivo de proteger a las víctimas. El proceso podría tardar varias semanas, debido al gran volumen de documentos.

La nueva información fue entregada por el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que identificaron más de un millón de archivos adicionales “posiblemente relacionados” con el caso.

Una ley aprobada por el Congreso en noviembre obligaba a la administración del presidente Donald Trump a publicar, antes del 19 de diciembre, toda la documentación no clasificada vinculada a Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019. No obstante, el Departamento de Justicia solo divulgó parte del material en esa fecha, alegando la necesidad de revisar la información, lo que generó críticas de legisladores demócratas y de víctimas del caso.

Entre los documentos divulgados previamente figuran fotografías del expresidente Bill Clinton junto a Epstein. En una nueva tanda publicada el lunes, aparece también el nombre de Trump en múltiples ocasiones, incluyendo referencias a viajes en el avión privado del magnate, aunque no existen indicios de que el mandatario haya participado en los delitos sexuales.

El Departamento de Justicia, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, reiteró su compromiso de cumplir plenamente con la ley federal y con la orden presidencial de hacer públicos los archivos, una vez se complete el proceso de revisión.

La divulgación total de estos documentos vuelve a colocar el caso Epstein en el centro del debate público y subraya la tensión entre el derecho a la transparencia y la obligación de proteger a las víctimas. Más allá de los nombres y las polémicas políticas, el proceso representa una oportunidad crucial para fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia y reafirmar que la verdad y la rendición de cuentas deben prevalecer.