San Juan- La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) hizo un llamado a la gobernadora Jenniffer González Colón para que firme la Resolución Concurrente de la Cámara 193, aprobada de forma unánime por la Cámara de Representantes y el Senado, con el objetivo de detener el cobro de 300 dólares que LUMA Energy intenta imponer a clientes con sistemas solares.

Según explicó SESA, el cargo impactaría a más de 96,000 hogares que cuentan con energía solar distribuida en la isla y se fundamenta en un reglamento del año 2017 que, a juicio de la organización, es incompatible con la Ley 17-2019, que establece la política pública energética de Puerto Rico y promueve el desarrollo de energías renovables.

La entidad también advirtió que LUMA busca recuperar cerca de 11 millones de dólares mediante el proceso de revisión tarifaria ante el Negociado de Energía de Puerto Rico, lo que tendría el efecto de trasladar ese costo a todos los abonados del sistema eléctrico, independientemente de si cuentan o no con sistemas solares.

“Este cobro de 300 dólares es, en la práctica, otro impuesto al sol. Representa un cargo adicional a familias y pequeños comercios que ya están abrumados por los aumentos en la factura eléctrica”, expresó el director de Política Pública de SESA, Javier Rúa Jovet, en declaraciones escritas.

Rúa Jovet sostuvo que la firma de la resolución permitiría frenar lo que describió como una práctica ilegal, además de evitar que el costo sea distribuido entre todos los clientes del sistema eléctrico. Añadió que la medida brindaría certeza y estabilidad a los consumidores que han optado por la energía solar como alternativa para reducir gastos energéticos y protegerse de la volatilidad en las tarifas.

SESA reiteró que la energía solar distribuida es un componente clave para alcanzar los objetivos de resiliencia energética del país y advirtió que imponer cargos adicionales a quienes invierten en sistemas renovables podría desincentivar su adopción y afectar el desarrollo del sector.