Río de Janeiro – A dos meses de la cumbre del clima de la ONU (COP30), los pueblos indígenas de la Amazonía alzan la voz para exigir que sus propuestas sean escuchadas en las negociaciones internacionales. Su reclamo llega en un contexto de creciente presión sobre sus territorios, amenazados por la minería ilegal, los madereros, el narcotráfico y nuevos proyectos legislativos en Brasil que podrían abrir la puerta a la explotación de recursos naturales en tierras indígenas.
“La selva solo existe gracias a los pueblos indígenas”, afirmó Janete Alves, lideresa del pueblo desana, desde São Gabriel de Cachoeira, en la triple frontera con Colombia y Venezuela.
Las comunidades amazónicas se están articulando a nivel regional, nacional e internacional para llegar a la COP30 de Belém (noviembre de 2025) con una posición unificada. Su objetivo: demostrar que “defender la selva es defender la vida” y que su participación en el debate climático no puede ser meramente simbólica.
Datos de la plataforma MapBiomas refuerzan su papel como guardianes de la selva: entre 1985 y 2023, solo el 1,2 % de la vegetación nativa en territorios indígenas fue destruida, frente al 19,9 % en áreas privadas. Sin embargo, la falta de regularización de tierras y la invasión de actores ilegales siguen amenazando su modo de vida.
Alves recordó el ejemplo del pueblo yanomami, afectado por la contaminación con mercurio causada por la minería ilegal, que generó hambre y enfermedades en la región. “Esta es una región grande, que necesita cuidado y presencia del Estado. No está siendo fácil”, advirtió.
Organizaciones ambientales como Imaflora destacan que la gestión indígena del bosque garantiza servicios ambientales que benefician a todo el planeta. Programas como Origens Brasil, que conecta empresas con comunidades amazónicas en cadenas de valor éticas, son ejemplo de cómo la cooperación puede generar alternativas económicas sostenibles.
La conservación de los bosques y la participación de comunidades locales estarán también en el centro del III Foro Latinoamericano de Economía Verde en São Paulo el próximo 4 de septiembre, como antesala a la COP30.