Washington- Dos jueces federales, en Massachusetts y Rhode Island, ordenaron casi al mismo tiempo este viernes que la administración del entonces presidente Donald Trump continúe financiando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) —el mayor programa de ayuda alimentaria en Estados Unidos— utilizando fondos de contingencia mientras se mantenga el cierre del gobierno.

Las decisiones, emitidas a solo un día de que el Departamento de Agricultura (USDA) planeaba suspender los pagos del programa, le otorgan al Ejecutivo cierta flexibilidad para decidir si cubrirá los beneficios de forma parcial o total durante el mes de noviembre.

El SNAP, que atiende a uno de cada ocho estadounidenses, es una pieza clave del sistema de asistencia social del país, con un costo aproximado de 8,000 millones de dólares al mes.

El plan del gobierno de congelar los fondos fue impugnado por 25 estados demócratas y el Distrito de Columbia, cuyos fiscales generales y gobernadores argumentaron que existe una obligación legal de mantener el programa en marcha, incluso durante el cierre.

La administración Trump había sostenido que no tenía autoridad para utilizar un fondo de contingencia de 5,000 millones de dólares, revirtiendo una política anterior del USDA que sí lo permitía. Los demandantes, por su parte, alegaron que esos recursos no solo podían usarse, sino que debían usarse para garantizar la continuidad del programa, además de señalar la existencia de otro fondo de 23,000 millones disponible para ese fin.

En Providence, Rhode Island, el juez federal John J. McConnell ordenó al gobierno utilizar los fondos de contingencia y presentar un informe de progreso antes del lunes. También dispuso que se mantengan todas las exenciones de requisitos laborales para adultos mayores, veteranos y otros beneficiarios, que el USDA había eliminado durante el cierre.

“El fallo protege a millones de familias, adultos mayores y veteranos de ser usados como fichas de negociación política, y reafirma el principio de que nadie en Estados Unidos debe pasar hambre”, expresó Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, tras la decisión del tribunal.

En Boston, la jueza federal Indira Talwani calificó la suspensión de SNAP como “ilegal” y ordenó al USDA financiar el programa, informando al tribunal antes del lunes si planea cubrir beneficios reducidos o el financiamiento completo “utilizando tanto los fondos de contingencia como otros recursos disponibles”.

“La suspensión de pagos se basó en la errónea conclusión de que los fondos de contingencia no podían utilizarse”, escribió Talwani. “Este tribunal aclara que el gobierno está obligado a emplear esos fondos según sea necesario para el programa SNAP.”

No se ha precisado con qué rapidez podrían recargarse las tarjetas electrónicas de transferencia de beneficios (EBT) que los beneficiarios usan para comprar alimentos, un proceso que suele demorar entre una y dos semanas.

Se espera que las decisiones judiciales sean apeladas.

Mientras tanto, estados, bancos de alimentos y beneficiarios se preparaban para un posible colapso en el acceso a los alimentos para las familias de bajos ingresos. Diversos estados anunciaron fondos de emergencia o recargas parciales de beneficios como medida temporal.

Antes de los fallos, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, advirtió que los fondos de contingencia no cubrirían por mucho tiempo el costo del programa, y en conferencia junto al presidente de la Cámara, Mike Johnson, culpó a los demócratas de “negligencia” por no aprobar una extensión presupuestaria.

Un intento del Congreso por extender la financiación de SNAP durante el cierre fracasó esta semana.

Actualmente, para calificar al programa, una familia de cuatro debe tener un ingreso neto menor al umbral de pobreza federal, alrededor de 31,000 dólares anuales. En 2024, SNAP brindó asistencia a 41 millones de personas, de las cuales dos tercios vivían en hogares con niños.