San Juan, Puerto Rico – En un esfuerzo por reforzar la integridad en las contrataciones públicas y optimizar la gestión de controversias laborales, la gobernadora Jenniffer González Colón presentó dos iniciativas legislativas clave que buscan modernizar la relación entre el gobierno, las empresas privadas y los trabajadores.

La primera medida, denominada Administración 32 (A-032), propone enmiendas significativas a la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009). Su objetivo principal es evitar prácticas indebidas como la subcontratación de servicios a personas vinculadas directamente con las empresas que firman acuerdos con el Gobierno de Puerto Rico.

Esta legislación requerirá que, en todos los contratos, licitaciones y subastas relacionadas con alianzas público-privadas, la parte contratante deberá incluir una certificación oficial. En esta, la empresa o individuo se comprometerá a no subcontratar servicios ni productos con familiares, exempleados, accionistas, socios o entidades relacionadas.

“Esta medida busca detener la corrupción y las ineficiencias que encarecen los servicios esenciales, como la energía eléctrica, y terminan repercutiendo en las facturas de los ciudadanos”, declaró la gobernadora.

De acuerdo a lo establecido en el proyecto, cualquier excepción a la norma deberá estar justificada de manera escrita. Solo se permitirán contratos con empresas relacionadas o dirigidas por exempleados cuando se demuestre, de manera inequívoca, que no existe una alternativa viable —ni en Puerto Rico ni a nivel internacional— con condiciones similares de precio y calidad.

Además, la medida otorga autoridad al Contralor de Puerto Rico, a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y a otras entidades gubernamentales pertinentes para implantar regulaciones que aseguren su cumplimiento pleno.

**Refuerzo al sistema laboral: creación de un ente único de apelaciones**

Adicionalmente, la gobernadora presentó la medida de Administración 36 (A-036), la cual establece la Junta Apelativa de Relaciones Laborales de Puerto Rico. Esta nueva entidad cuasi-judicial centralizará la resolución de conflictos laborales que actualmente están dispersos entre distintas agencias, como la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).

La creación de esta Junta busca reducir la duplicidad de funciones, eliminar procesos redundantes y modernizar la gestión de controversias laborales, tanto en el sector público como en el privado.

“La Junta contribuirá a fortalecer los derechos de empleados y empleadores a través de procedimientos uniformes, expeditos y accesibles. También optimiza los recursos públicos, mejora la eficiencia del servicio y promueve la transparencia, contribuyendo a generar mayor confianza en las instituciones”, explicó González Colón.

El proyecto contempla la transferencia de fondos y activos, así como el traslado de personal con estatus de carrera a la nueva Junta, respetando sus derechos adquiridos. También se definen plazos específicos para la atención y resolución de casos, se impulsa la digitalización de trámites y se implementa el uso de tecnología emergente para facilitar las gestiones administrativas.

**Un nuevo modelo de gobernanza**

Ambas iniciativas legislativas forman parte de una agenda destinada a fortalecer la gobernanza, luchar contra la corrupción y fomentar políticas públicas eficientes. La implementación de estas medidas no solo mejorará la fiscalización de contratos públicos, sino que también elevará la calidad del entorno laboral puertorriqueño, ajustándolo a los estándares modernos de servicio, transparencia y eficiencia.