San Juan- El Gobierno de Puerto Rico comenzará a ejercer control directo sobre los ingresos generados por las máquinas de juegos de azar en ruta, conocidas como tragamonedas, a partir del 14 de enero de 2026, con el inicio del periodo obligatorio de interconexión de estos equipos, informó la Comisión de Juegos.
Según explicó el director ejecutivo de la Comisión, Juan Carlos Santaella Marchán, la medida se formalizó tras la aprobación de una Orden Administrativa por parte de la Junta de Comisionados, luego de un proceso de justa competencia conforme a la ley.
“Luego de un riguroso proceso de justa competencia y en cumplimiento estricto con la ley, la Junta de Comisionados aprobó la Orden Administrativa que da paso a la interconexión de las máquinas de juegos de azar en ruta”, expresó Santaella Marchán en declaraciones escritas.
El funcionario detalló que los dueños mayoristas y operadores contarán con un periodo de 90 días para adquirir o presentar evidencia del proveedor que ofrecerá la interconexión de sus máquinas, según lo dispuesto en la Orden Administrativa OACJ-MR-25-02, aprobada por la Junta de Comisionados.
Santaella Marchán explicó que la interconexión permitirá al Gobierno acceder a datos precisos sobre los ingresos generados por las jugadas, fortaleciendo así los procesos de fiscalización, transparencia y control de recaudos.
“Este proceso, además de ser un mandato de ley, garantiza mayor visibilidad de las operaciones y protege los fondos destinados al retiro de la Policía y a los municipios”, sostuvo.
El director ejecutivo advirtió que el cumplimiento del proceso es obligatorio y conlleva consecuencias administrativas para quienes incumplan. “El cumplimiento de esta ley no es opcional. Aquellos dueños mayoristas que incumplan con el proceso de interconexión estarán sujetos a sanciones administrativas, incluyendo multas de hasta 10,000 dólares, así como otras medidas que dispone la reglamentación aplicable”, indicó.
De acuerdo con la Comisión de Juegos, la evaluación de los sistemas de interconexión estuvo a cargo de laboratorios independientes autorizados, los cuales certificaron a varios proveedores para ofrecer el servicio, mientras otras compañías continúan en proceso de certificación. Durante el periodo de transición, los operadores de máquinas de tecnología limitada podrán utilizar compañías con certificados de funcionabilidad emitidos por laboratorios independientes.
La legislación vigente establece que los primeros 12 millones de dólares recaudados por concepto de licencias y operaciones de las máquinas de juegos de azar en ruta se destinan al Fondo General. Una vez alcanzada esa cifra, los recaudos adicionales se distribuyen en un 55% al Fideicomiso del Retiro de la Policía, 40% a los municipios y 5% para los gastos operacionales de la Comisión de Juegos.