Un alto exfuncionario de la Policía de Puerto Rico enfrenta una larga condena tras ser hallado culpable de graves delitos ocurridos en su propio establecimiento comercial.

GUAYAMA – El exteniente Alberto Rivera Ortiz, quien fungió como director de la Unidad Canina del Negociado de la Policía de Puerto Rico y propietario del restaurante Puerta del Sol en Salinas, fue sentenciado a 63 años de cárcel por tentativa de asesinato en primer grado y por portar y utilizar ilegalmente un arma de fuego.

Los hechos por los que fue condenado se remontan al 1 de enero de 2022, cuando Rivera Ortiz protagonizó un violento incidente en su restaurante. De acuerdo con la investigación, el exoficial se enfrascó en una discusión con uno de los clientes, en la que profirió insultos y provocaciones.

Acto seguido, volcó intencionalmente la bebida del cliente. Cuando este último se incorporó para limpiarse, Rivera Ortiz sacó su arma de reglamento y le disparó en la ingle. Luego, agredió físicamente a otro acompañante, golpeándolo en el rostro con la misma arma.

No conforme con ello, se dirigió nuevamente hacia la víctima que yacía herida en el suelo y lo golpeó una vez más. Este comportamiento violento y fuera de control fue decisivo para que el tribunal emitiera una sentencia ejemplar.

La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) se expresó públicamente sobre el caso. “Podemos afirmar que la justicia no es ciega. Se ha removido del sistema a un exoficial que deshonró el uniforme de la Policía de Puerto Rico y se convirtió en una mancha para sus compañeros en la fuerza”, declaró Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA.

Torres Meléndez también destacó que inicialmente las autoridades vincularon a las víctimas con actividades delictivas, lo que resultó ser incorrecto. “Desde CODEPOLA siempre defendimos la inocencia de estas personas, quienes fueron erróneamente señaladas durante el proceso investigativo original. Afortunadamente, la verdad prevaleció y se hizo justicia”, expresó.

La sentencia de Rivera Ortiz marca un precedente importante en la lucha contra el abuso de autoridad y el uso indebido de armas entre exmiembros de las fuerzas del orden. El caso también refuerza la importancia de una investigación diligente que garantice el respeto a los derechos de las víctimas, sin prejuicios ni juicios anticipados.