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Ética investiga a secretaria de la Familia: lo que significa para el dinero público y los servicios

Por Mardelis Jusino • 5 de mayo de 2026

La pesquisa contra Suzanne Roig podría tener implicaciones directas en el manejo de fondos y la confianza en servicios esenciales.

San Juan – La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) inició un proceso investigativo contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, una movida que va más allá del ámbito político y podría impactar directamente a miles de ciudadanos que dependen de los servicios de esa agencia.

El director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, confirmó que el referido fue recibido el 30 de abril y que ya se activó el proceso bajo la Ley Orgánica de la entidad. La investigación estará a cargo del área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo.

Aunque la OEG no ha detallado públicamente las alegaciones específicas —por tratarse de un proceso confidencial—, el caso surge en un contexto de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y uso de posiciones públicas.

¿Por qué esto debe importarle al ciudadano? Porque el Departamento de la Familia administra programas críticos como asistencia económica, protección de menores, servicios a adultos mayores y manejo de fondos federales. Cualquier irregularidad en su dirección podría afectar la calidad, rapidez o integridad de estos servicios.

Además, investigaciones de este tipo ponen a prueba la transparencia y el uso correcto del dinero público. La confianza en las instituciones depende, en gran medida, de que estos procesos se lleven a cabo con rigor y sin interferencias.

“Como ocurre con todos los casos, se realizará un análisis minucioso, objetivo y confidencial”, indicó Pérez Vargas, quien evitó ofrecer más detalles al ser el adjudicador final del proceso.

La pesquisa también se da en medio de un clima político activo, donde distintos sectores han solicitado mayor fiscalización sobre funcionarios públicos.

En términos prácticos, el resultado de esta investigación podría derivar en sanciones administrativas, referidos adicionales o incluso consecuencias legales, dependiendo de los hallazgos.

Para el ciudadano común, el mensaje es claro: más allá de la política, lo que está en juego es la correcta administración de recursos y la calidad de los servicios que impactan directamente la vida diaria de miles de familias en Puerto Rico.

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