El Capitolio – El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó este viernes que remitió a la gobernadora Jenniffer González Colón, al Departamento de Justicia, al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a otras entidades gubernamentales las declaraciones juradas que contienen alegaciones de posibles delitos y violaciones éticas contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, y otros funcionarios.

Las declaraciones juradas fueron presentadas por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, y el exdirector de la Oficina de Incentivos, Ernesto Zayas García, como parte de la investigación legislativa relacionada con la Resolución del Senado 548.

Según Rivera Schatz, los documentos también fueron enviados a la Oficina del Inspector General, la Oficina de Ética Gubernamental, COR3, el DDEC, el Departamento de Hacienda y al inspector general de FEMA para que evalúen la información y tomen las acciones que estimen pertinentes.

Las alegaciones incluyen presuntas presiones indebidas, represalias contra denunciantes, obstrucción de procesos internos y gestiones relacionadas con la empresa Politank y el proyecto Opus Miramar.

Por su parte, Francisco Domenech Fernández rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que las declaraciones juradas contienen «mentiras, medias verdades y tergiversaciones». El funcionario sostuvo que el caso debe evaluarse mediante el debido proceso ante el PFEI y afirmó que confía en que las investigaciones demostrarán que actuó conforme a la ley.

En medio de la controversia, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera pidió públicamente a la gobernadora la destitución de Domenech, al considerar que las alegaciones afectan la credibilidad del Gobierno de Puerto Rico y podrían comprometer la confianza federal.