San Juan — El aumento en el precio de la gasolina y el alto costo de vida ya están afectando directamente a empleados judiciales que aseguran tener dificultades para cubrir gastos básicos como transportación, alimentos, peajes, medicamentos y energía eléctrica.

Ante esa realidad, la Asociación de Empleados Judiciales (AEJ) solicitó a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) que vuelva a implementar modalidades de trabajo remoto y jornadas laborales de cuatro días como medida para aliviar la carga económica sobre los trabajadores.

El presidente de la AEJ, Amircal Gerena Román, envió una carta al director administrativo de la OAT, Sigfrido Steidel Figueroa, argumentando que la situación económica actual continúa golpeando fuertemente a la clase trabajadora.

“La realidad económica que vive el país afecta severamente a la clase trabajadora. Los empleados judiciales enfrentan los altos costos de gasolina, peaje, alimentos, servicios de energía eléctrica y medicamentos”, expresó Gerena Román.

La petición surge en momentos en que los precios del combustible continúan elevados debido a tensiones internacionales relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la crisis en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte global de petróleo.

El temor a interrupciones en el suministro petrolero ha provocado aumentos en el precio internacional del crudo, impactando directamente el costo de gasolina en Puerto Rico y encareciendo además productos y servicios esenciales.

Para muchos empleados públicos y ciudadanos de a pie, el gasto semanal en gasolina se ha convertido en una preocupación constante, especialmente para quienes deben recorrer largas distancias diariamente para llegar a sus trabajos.

La AEJ sostiene que reducir días presenciales ayudaría a disminuir gastos de transportación y aliviaría la presión económica y emocional sobre los empleados.

“Retomar el trabajo remoto, así como la jornada de cuatro días, es un aliciente para los compañeros”, añadió Gerena Román.

La organización recordó que ambas medidas fueron implementadas durante la pandemia y, según indicaron, permitieron que los servicios judiciales continuaran funcionando de manera eficiente.

“Las medidas descritas se implementaron durante la pandemia y los servicios se ofrecieron de forma eficiente y organizada”, sostuvo.

Además del beneficio económico para empleados, la asociación argumentó que un trabajador con menos estrés financiero puede ofrecer un mejor servicio al ciudadano.

“Un empleado con menos carga económica y emocional puede rendir mejor, mantener una mejor salud emocional y ofrecer un servicio más eficiente”, expresó el líder sindical.

La petición también refleja una preocupación creciente entre trabajadores de distintos sectores que han comenzado a reclamar alternativas flexibles ante el aumento sostenido en gasolina, peajes y otros gastos esenciales que continúan afectando el presupuesto familiar en Puerto Rico.