San Juan — La declaración de emergencia firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón ante la erosión costera en Loíza representa mucho más que un asunto ambiental: para cientos de familias de comunidades vulnerables, la medida busca responder a una crisis que amenaza viviendas, seguridad y estabilidad económica en uno de los municipios con mayores niveles de pobreza en Puerto Rico.
La Orden Ejecutiva 2026-27 fue emitida para agilizar trabajos de mitigación en Parcelas Suárez y otras comunidades de la costa norte afectadas por el avance del mar, marejadas y el deterioro acelerado de la costa.
La situación impacta directamente a residentes de Loíza, un municipio donde, según datos del Censo de Estados Unidos, más del 40 por ciento de la población vive bajo el nivel de pobreza y donde muchas familias dependen de ingresos limitados, ayudas gubernamentales y empleos relacionados con turismo, pesca y pequeños comercios.
En comunidades costeras como Parcelas Suárez, la erosión no solo pone en riesgo estructuras y carreteras, sino también el desplazamiento de residentes que podrían perder sus hogares o enfrentar daños que no tienen recursos económicos para reparar.
“Mi administración está actuando con urgencia para proteger vidas, propiedades e infraestructura crítica en nuestras comunidades costeras”, expresó la gobernadora.
La orden permite al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras agencias ejecutar proyectos inmediatos de mitigación, además de activar procesos de compras de emergencia para acelerar trabajos y adquisición de materiales.
Expertos han advertido durante años que Loíza figura entre los municipios más vulnerables al cambio climático y al aumento en el nivel del mar debido a su ubicación costera y a problemas históricos de infraestructura y planificación.
La erosión costera también representa una amenaza para pequeños negocios, pescadores y actividades económicas locales que dependen del acceso a playas y carreteras cercanas al litoral.
Además del impacto económico, líderes comunitarios han señalado anteriormente que muchas familias viven con temor constante durante temporadas de marejadas y tormentas debido a la pérdida acelerada de terreno en algunas zonas.
Datos de estudios climáticos federales y de la Universidad de Puerto Rico han identificado sectores de Loíza como áreas de alta vulnerabilidad ante inundaciones costeras y desplazamiento poblacional relacionado con el cambio climático.
La orden ejecutiva también activa colaboración entre agencias como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para canalizar recursos y apoyo operacional.
Para las comunidades afectadas, la expectativa principal ahora será que las medidas anunciadas se traduzcan rápidamente en protección real para viviendas, infraestructura y familias que llevan años denunciando el avance del mar.