San Juan – La batalla legal entre el Senado de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda por el acceso a información contributiva del Ex Secretario de Justicia, Lcdo. Antonio Sagardía se intensificó esta semana con la presentación de tres mociones que reflejan un choque directo entre transparencia y confidencialidad. Sagardía figura como contratista gubernamental.
El caso gira en torno a una orden judicial que obliga a Hacienda a entregar información relacionada con el abogado, en el contexto de una investigación legislativa sobre contratos públicos y manejo de fondos del gobierno.
El trasfondo: dinero público bajo escrutinio
El Senado sostiene que busca determinar si un contratista que recibió fondos públicos cumplió con sus obligaciones contributivas, particularmente si reportó pagos a terceros mediante formularios como W-2 o 480.6SP.
Según el cuerpo legislativo, no se trata de acceder a planillas completas ni a información personal, sino de verificar quién realmente realizó trabajos pagados con dinero público y si se cumplió con la ley. “El objetivo es simple y transparente: entender quién realizó realmente el trabajo pagado por el Pueblo y por qué la información oficial no coincide con las expresiones del contratista”, expuso el Senado en un memorando de derecho. Un memorando de derecho es un escrito legal que una parte presenta ante el tribunal para exponer y desarrollar sus argumentos jurídicos, utilizando leyes, jurisprudencia y doctrina, con el fin de persuadir al juez sobre cómo debe resolverse una controversia.
Hacienda, por su parte, se ha negado a entregar los datos alegando que son confidenciales.
Primera moción: Hacienda intenta sacar escrito del Senado
El Gobierno presentó una moción solicitando al tribunal que elimine del expediente un memorando legal del Senado, alegando que fue radicado fuera de tiempo y sin autorización.
Según Justicia, permitir ese documento le daría una “ventaja indebida” al Senado, ya que el caso ya estaba sometido para decisión, lo que “quebrant[a] las nociones del juego limpio que permean en nuestro ordenamiento jurídico”.
Segunda moción: Senado responde y defiende su derecho
El Senado respondió con una oposición, argumentando que su memorando sí fue presentado dentro de los términos aplicables para responder a otras mociones y que no violó ninguna orden del tribunal.
Además, sostuvo que eliminar el documento sería un formalismo innecesario, ya que “no ocasionó sorpresa ni perjuicio real a parte alguna” y solo desarrolla argumentos ya presentados en vista.Incluso advierte que, aunque el tribunal lo elimine, podría volver a presentar los mismos argumentos mediante reconsideración.
Tercera pieza clave: el argumento de fondo del Senado
Más allá del trámite procesal, el Senado presentó un memorando en el que fija su postura central: que Hacienda no puede usar la confidencialidad contributiva para bloquear una investigación legislativa.
El cuerpo legislativo argumenta que:
- tiene poder constitucional para investigar el uso de fondos públicos
- la información solicitada es limitada y no invade la intimidad del contribuyente
- un contratista del gobierno no tiene el mismo nivel de privacidad que un ciudadano común
- negar los datos levanta dudas sobre el uso del dinero público
En el documento, el Senado advierte que impedir el acceso a la información “sería un retroceso al principio que la propia democracia procuró derrotar, L’État, c’est moi”. La expresión “El Estado soy yo” (“L’État, c’est moi”) se atribuye al rey Luis XIV de Francia en el siglo XVII y simboliza el absolutismo monárquico, un sistema en el que todo el poder del Estado se concentraba en la figura del monarca.
Asimismo, el escrito cuestiona la negativa de Hacienda y plantea que “la mera acción de no querer entregar la información y sujetarse a la fiscalización causa suspicacia”.
El choque de fondo
El caso expone un conflicto mayor entre tres principios:
- el poder del Senado para fiscalizar
- el derecho a la confidencialidad contributiva
- y la separación de poderes entre Ejecutivo y Legislativo
Mientras tanto, Hacienda insiste en que la información está protegida, el Senado sostiene que ocultarla debilita la rendición de cuentas.
Lo que está en juego
Más allá del caso específico, la decisión del tribunal, de llegar ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico, podría sentar un precedente sobre:
- hasta dónde puede llegar el Senado en sus investigaciones
- qué información contributiva puede divulgarse en casos de contratos públicos
- y cuán transparente debe ser el manejo de fondos del gobierno
Por ahora, el caso permanece bajo consideración del tribunal, mientras ambas partes elevan el tono de una disputa que va más allá de un contratista y toca el balance de poder en el gobierno de Puerto Rico. El pasado 9 de abril, la jueza Iris L. Cancio se reservó su determinación sobre si encuentra al Secretario de Hacienda, incurso en desacato por no entregar la información solicitada por la Cámara Alta mediante orden judicial. Una decisión adversa de la corte podría conllevar el arresto del titular.
Mira las mociones aquí: