México- La cancelación del programa CBP One y otras medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la migración irregular han tenido efectos directos en Tapachula, ciudad fronteriza en el estado mexicano de Chiapas y epicentro de la crisis migratoria en el sur del país.
De acuerdo con Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), el cierre de vías legales para solicitar asilo ha fortalecido el negocio del tráfico de personas y desatado una lucha violenta por el control de rutas hacia la frontera norte.
“Los traficantes cobran entre 10.000 y 15.000 dólares por persona. Esto ha derivado en conflictos entre carteles y con la policía local por el control de este negocio”, denunció García Villagrán.
La ruta sigue activa pese a las restricciones
Aunque la administración Trump ha cancelado el parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, además de cerrar la app CBP One, la migración irregular no se ha detenido. Los coyotes continúan trasladando personas desde la frontera sur hasta Estados Unidos, pasando por rutas peligrosas controladas por grupos criminales.
Ghislayne Jiménez Moret, migrante cubana, relató que pagó 5.000 dólares para salir de Cuba hacia Nicaragua, desde donde fue trasladada por traficantes hasta Tapachula. Ahora trabaja 17 horas diarias en una empacadora para cubrir sus gastos, a la espera de una oportunidad para seguir su ruta al norte.
Por su parte, Fredy Lozano, migrante ecuatoriano, denunció que en su paso por México las autoridades migratorias le exigieron dinero por no portar pasaporte o visa. Hoy limpia vidrios en las calles de Tapachula mientras espera regularizar su situación.
Medio millón en limbo migratorio
Según organizaciones humanitarias, más de 500,000 migrantes han quedado en un limbo legal tras la eliminación de programas como el CBP One y el parole humanitario. Muchos no pueden avanzar ni regresar, quedando atrapados en ciudades fronterizas bajo condiciones precarias.
La administración Trump busca ahora acelerar deportaciones y detenciones como parte de su promesa electoral de expulsar a más de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos.