San Juan– La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, informó que una auditoría al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) identificó múltiples deficiencias en áreas clave como permisos, fiscalización, facturación, cobro e inventario de propiedad pública.

El informe OC-26-21, que cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2025, emitió una opinión cualificada. Aunque las operaciones del Departamento se realizaron en términos generales conforme a la ley, se detectaron fallas significativas en la evaluación de permisos, el control de concesionarios y la generación de ingresos.

Entre los hallazgos, se identificaron aprobaciones de permisos sin documentos requeridos, como certificaciones contributivas, seguros o evaluaciones ambientales. Además, se reportaron atrasos de hasta 138 días en trámites que debían completarse en un máximo de 30 días.

La auditoría también reveló que, en algunos casos, se otorgaron beneficios económicos indebidos a concesionarios al fijar cargos por debajo de lo establecido, y que no hubo seguimiento adecuado para la entrega de informes ni para la imposición de multas por incumplimientos.

Asimismo, el informe señala que el Cuerpo de Vigilantes no contaba con evidencia de inspecciones a concesionarios, lo que limita la capacidad de fiscalización del DRNA.

Otro de los señalamientos incluye el uso de terrenos sin permisos vigentes y deficiencias en el control de instalaciones de telecomunicaciones en bosques estatales, donde se identificaron permisos vencidos con operaciones activas.

En el área fiscal, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico indicó que no se emitieron múltiples facturas relacionadas con cánones de arrendamiento, y en algunos casos no fue posible determinar el dinero dejado de cobrar.

Además, el Departamento no ha realizado un inventario físico de su propiedad en más de 20 años, y en ciertos periodos no contó con un encargado de propiedad designado.

La gerencia del DRNA atribuyó estas deficiencias a falta de personal, limitaciones presupuestarias y carga operacional, aunque aseguró haber iniciado medidas correctivas como reclutamiento, acuerdos interagenciales y mejoras en procesos de facturación e inventario.