Los Ángeles, California – 3 de julio de 2025 — Un grupo de trabajadores migrantes y organizaciones de derechos civiles presentaron este miércoles una demanda colectiva contra el Gobierno del presidente Donald Trump, acusando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de llevar a cabo redadas inconstitucionales, basadas en perfil racial, en la zona metropolitana de Los Ángeles.
La querella, de 63 páginas y presentada ante el Tribunal del Distrito Central de California, denuncia que agentes federales han “secuestrado y desaparecido” a personas sin respetar el debido proceso, utilizando tácticas violentas e intimidatorias.
“Desde el 6 de junio, matones enmascarados han invadido Los Ángeles, aterrorizando a nuestras comunidades de color y violando la Constitución”, afirmó Mohammad Tajsar, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), que encabeza el litigio.
Redadas violentas y condiciones inhumanas
La demanda también señala que los migrantes detenidos han sido retenidos en instalaciones federales en condiciones ilegales, sin acceso a abogados, alimentos adecuados ni atención médica. Según los testimonios presentados, muchas víctimas siguen incomunicadas y sus familias desconocen su paradero días después de los arrestos.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 22 de junio en un lavadero de carros en Torrance, donde agentes encapuchados —con chalecos de la Patrulla Fronteriza— irrumpieron sin orden judicial y detuvieron violentamente a varios trabajadores, como quedó registrado en videos virales.
“Los trataron como criminales, sin dignidad. No hay justificación en Estados Unidos para hacer eso”, denunció Enmanuel, dueño del negocio Bubble Bath Car Wash.
Acción colectiva y respaldo legal
Entre los demandantes figuran cinco trabajadores migrantes detenidos y cuatro organizaciones:
- La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles
- United Farm Workers (UFW)
- CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes)
- Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes
El equipo legal, que incluye a ACLU SoCal y Public Counsel, solicita al tribunal que emita medidas cautelares inmediatas para detener las redadas, liberar a los detenidos incomunicados y garantizar el acceso a representación legal.
“El objetivo de esta represión draconiana es desmantelar derechos básicos y ocultar los abusos cometidos por ICE y la Patrulla Fronteriza”, expresó Mark Rosenbaum, abogado de Public Counsel.
El mensaje: “La Constitución no se toma vacaciones”
La demanda fue presentada justo antes del feriado del Día de la Independencia en EE.UU., a lo que el equipo legal respondió con una advertencia:
“La Constitución no se toma vacaciones”, subrayó Rosenbaum. “Esta querella busca acabar con la falsa narrativa de que estos migrantes son delincuentes y que pueden ser arrestados sin orden ni defensa legal”.
El Departamento de Justicia fue notificado este miércoles, pero indicó que no responderá de inmediato debido al receso federal por el 4 de julio.