San Juan- El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó este miércoles un recurso de mandamus en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra el Departamento de Hacienda y su secretario, Ángel Pantoja Rodríguez, por negarse a entregar información pública relacionada con contratos y pagos a agencias de publicidad.
Se trata de la sexta demanda en nueve meses que el CPI interpone contra la administración de turno por incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública.
Contratos bajo la lupa
La solicitud, presentada por el periodista del CPI José M. Encarnación Martínez el pasado 18 de julio, buscaba detalles sobre los contratistas de publicidad Digimedia, Key Integrated Solutions y KOI, incluyendo facturas, pagos y contratos desde 2022 hasta el presente.
A pesar de los múltiples seguimientos realizados por el CPI y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIPR), la agencia no respondió ni entregó los documentos.
“La información pública le pertenece a la ciudadanía. Esta es una clara petición de datos que lleva dos meses sin atenderse”, afirmó Carla Minet Santos, directora ejecutiva del CPI. “El año pasado también demandamos a Hacienda por información similar y, finalmente, tuvieron que entregarla. Así descubrimos un preocupante esquema de contrataciones en la Lotería de Puerto Rico”.
Un historial de opacidad
En septiembre, Encarnación Martínez, junto a las periodistas Vanessa Colón Almenas y Wilma Maldonado Arrigotía, publicó la investigación Lotería de Puerto Rico: el dinero público en la ruleta del truco, revelando que la agencia Digimedia acumuló contratos por más de $47 millones en seis años con Hacienda.
El reportaje detalló que la empresa cobraba tarifas fijas y comisiones por organizar actividades internas del Negociado de la Lotería y gestionaba material promocional con costos inflados casi al triple del valor de mercado, distribuido luego entre empleados.
Con esta nueva acción legal, que constituye la demanda número 50 en la historia del CPI para obtener documentos públicos y la tercera contra Hacienda, la organización reafirma su misión de garantizar el acceso a la información como herramienta de fiscalización ciudadana.
Representación legal
El CPI es representado en este caso por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información de la UIPR, junto al abogado de la entidad, Carlos F. Ramos Hernández.
En lo que va del 2025, el CPI ha demandado en seis ocasiones al gobierno por negar acceso a información, cifra que iguala las acciones legales interpuestas en el primer año de la administración de Pedro Pierluisi Urrutia.