Washington – Un informe de la Oficina de Contraloría General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) concluyó que las exenciones contributivas otorgadas a personas de alto patrimonio bajo la Ley 60 de Puerto Rico podrían estar costando cientos de millones de dólares anuales a los contribuyentes federales, sin que exista evidencia clara de beneficios económicos sustanciales para la isla.
El estudio fue solicitado por legisladores demócratas del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y examinó tanto el impacto fiscal de estos incentivos como los mecanismos de fiscalización utilizados por el Servicio de Rentas Internas (IRS) para verificar el cumplimiento de los requisitos de residencia establecidos por ley.
Según el informe, el IRS enfrenta limitaciones significativas para supervisar adecuadamente a los beneficiarios del incentivo, tras haber perdido aproximadamente 38 % de su personal de fiscalización en los últimos años. Esta reducción habría debilitado la capacidad de la agencia para confirmar si los beneficiarios cumplían con el requisito de residir en Puerto Rico por el tiempo mínimo exigido.
La Contraloría General identificó al menos 179 personas que recibieron los beneficios contributivos sin cumplir con los requisitos de residencia, lo que sugiere posibles abusos del programa. Además, el informe plantea que una proporción considerable de los beneficiarios se habría trasladado a Puerto Rico incluso sin los incentivos contributivos, lo que levanta cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos sin un impacto económico claro o medible.
“El informe confirma exactamente lo que hemos sospechado: estas exenciones están drenando cientos de millones en ingresos federales mientras ofrecen poco o ningún beneficio a las familias trabajadoras de Puerto Rico”, expresó en declaraciones escritas el congresista Jared Huffman, líder de la minoría demócrata del comité.
Por su parte, la congresista Nydia Velázquez sostuvo que la falta de supervisión permitió abusos del sistema y contribuyó a efectos adversos en la isla. “Mientras la agencia no implementó controles básicos, personas adineradas pudieron evadir millones en contribuciones, dejando a Puerto Rico con mayores costos de vivienda, desplazamiento y servicios públicos subfinanciados”, afirmó.
La congresista Alexandria Ocasio-Cortez también advirtió que el uso de la Ley 60 ha tenido consecuencias tanto para Puerto Rico como para los contribuyentes federales. “Personas con grandes fortunas están evitando pagar cientos de millones de dólares en contribuciones federales cada año sin residir realmente en Puerto Rico, lo que reduce fondos para programas federales esenciales”, indicó.
Ante estos hallazgos, el informe recomendó fortalecer los mecanismos de supervisión del IRS, mejorar los procesos de verificación de residencia y realizar evaluaciones más precisas sobre el impacto económico real de los incentivos contributivos otorgados bajo la Ley 60 en Puerto Rico.