San Juan– La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de los Puertos, al detectar múltiples deficiencias en el manejo de arrendamientos, cobro de deudas y otorgamiento de incentivos, según el informe OC-26-03 publicado recientemente.
El documento reveló que el 36% de las 258 instalaciones comerciales en ocho de los nueve aeropuertos de la Isla operaban con contratos vencidos desde 1993, una situación que, según la Contraloría, no salvaguarda los intereses de la corporación pública. Además, se identificaron cláusulas contractuales contrarias a derecho que permitían la ocupación de locales fuera de contrato mediante penalidades y rentas adicionales.
La auditoría también halló que la Autoridad permitió a un concesionario ubicar durante más de 16 años un “trailer” en terrenos de un aeropuerto sin pagar renta; que seis instalaciones no figuraban en el inventario de propiedad; y que no se exigió póliza de seguro de responsabilidad general en ocho contratos, poniendo en riesgo la protección de la corporación.
Durante la pandemia, la Junta de Directores aprobó una reducción del 40% en la renta mensual por 60 días, otorgando créditos por $273,015 a 82 instalaciones, de las cuales el 61% operaban sin contratos vigentes. También se concedieron incentivos bajo el programa Airport Coronavirus Response Grant a concesionarios en la misma condición, lo que invalida dichos beneficios, según el informe.
El documento señala además que un asesor legal de la Autoridad tardó seis años y medio en atender un referido y emitir una recomendación de cobro por $424,910 a un cliente, generando “la percepción de parcialidad, negligencia y una gestión deficiente”.
La OCPR resaltó que la Autoridad de los Puertos acumuló déficits por $302.5 millones entre los años fiscales 2018 y 2021. Al 30 de junio de 2021, las cuentas por cobrar ascendían a $15.2 millones, lo que refleja una falta de controles internos que compromete la liquidez y presenta activos potencialmente irreales.
La auditoría cubrió el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2022. El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.