San Juan – Para miles de residentes que viven alrededor del Caño Martín Peña, el inicio de una nueva fase del proyecto de restauración no representa simplemente una obra de infraestructura.

Representa años de lucha comunitaria, reclamos por justicia ambiental y esperanza de finalmente mejorar las condiciones de vida en una de las zonas históricamente más vulnerables del área metropolitana.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este jueves el comienzo de la Fase 1 del Contrato 3 del Proyecto de Restauración del Ecosistema del Caño Martín Peña, una iniciativa de 57.4 millones de dólares que busca rehabilitar el cuerpo de agua y reducir problemas ambientales que han afectado por décadas a las ocho comunidades aledañas.

“Hoy damos un paso histórico”, expresó la mandataria.

El proyecto contempla dragado y canalización de aproximadamente 2.2 millas del Caño Martín Peña para reconectar la laguna San José con la bahía de San Juan, mejorando el flujo del agua y la salud del ecosistema.

Pero para las comunidades, el impacto va mucho más allá del ambiente.

Por años, residentes han enfrentado inundaciones frecuentes, acumulación de aguas usadas, malos olores, problemas de salubridad y deterioro ambiental que afectan directamente la calidad de vida de familias enteras.

Muchos vecinos también han vivido bajo preocupación constante por desplazamiento y desarrollo urbano que pudiera expulsar a residentes históricos del área.

Precisamente por eso, organizaciones comunitarias han insistido en que la restauración debe ir acompañada de protección para quienes viven allí.

“El G-8 ha sido el motor detrás de este proyecto, defendiendo la permanencia de los residentes frente a la amenaza de desplazamiento”, expresó Awilda Camacho Llanos, presidenta del Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña.

Los trabajos que comienzan ahora incluyen preparación de áreas de disposición en la laguna San José, protección de puentes importantes como el Moscoso y el Barbosa, y labores de dragado y canalización.

La construcción se extenderá aproximadamente hasta el año 2030.

El director ejecutivo de la Corporación ENLACE, Mario Núñez Mercado, destacó que la obra busca transformar directamente las condiciones de vida de quienes residen en la zona.

“Con el inicio de estos trabajos, fortalecemos la infraestructura necesaria para que la revitalización de nuestro cuerpo de agua sea finalmente una realidad tangible que transforme la calidad de vida de nuestra gente”, sostuvo.

El proyecto ha sido impulsado durante años por líderes comunitarios, organizaciones ambientales y residentes que reclamaban atención a problemas que muchas veces quedaron fuera de la conversación pública.

Según el gobierno, Jenniffer González ayudó a gestionar más de 163 millones de dólares en fondos federales mientras fungía como comisionada residente.

El proyecto completo fue autorizado originalmente en 2007 y actualmente supera los 255 millones de dólares en inversión proyectada.

Para muchos residentes, sin embargo, el verdadero valor del proyecto no se mide únicamente en dinero.

Se mide en la posibilidad de vivir en comunidades más seguras, saludables y con un futuro más estable para las próximas generaciones.