San Juan- Ana Piquer, directora de la oficina regional de Amnistía Internacional para las Américas, instó este lunes al gobierno de Puerto Rico a establecer “barreras de cortafuego” frente a las autoridades migratorias estadounidenses, ante el aumento de operativos liderados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración de Donald Trump.

En un comunicado, Piquer advirtió que las autoridades locales deben evitar la complicidad con políticas migratorias “crueles y arbitrarias”, y proteger los derechos humanos de las comunidades migrantes, en su mayoría de origen dominicano. Desde enero, ICE ha detenido al menos 568 personas en la isla, según datos recogidos por Amnistía Internacional.

“Las autoridades puertorriqueñas deben impedir que se realicen operativos migratorios en escuelas, hospitales, iglesias y otros espacios públicos. Además, deben prohibir que proveedores de servicios compartan información migratoria con ICE”, afirmó Piquer.

La organización denunció que los operativos se han concentrado en barrios tradicionalmente migrantes, afectando a trabajadores camino a sus empleos y separando familias. Algunas detenciones, según informaron organizaciones locales, han incluido a personas con documentación legal, y muchas son trasladadas a centros de detención en EE.UU., dificultando la comunicación con familiares.

Piquer hizo un llamado directo a la gobernadora Jenniffer González para que se coloque “del lado de la dignidad humana” y no permita que Puerto Rico colabore con estas medidas.

“El miedo ha paralizado a comunidades enteras. Hay personas que han dejado de ir al médico, de enviar a sus hijos a la escuela, o de buscar ayuda tras ser víctimas de violencia por temor a ser deportadas”, denunció.

Amnistía Internacional advirtió que la colaboración entre agencias locales y federales en estas detenciones representa una amenaza a los derechos fundamentales y llamó a detener este tipo de prácticas inmediatamente.