San Juan – La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico condenó este lunes el arresto y desaparición forzada de Aracelys, una mujer dominicana con una visa de trabajo aprobada y con un permiso de viaje Advance Parole vigente.

«Este operativo es un atropello infame», denunció en un comunicado Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU-PR.

Según la organización, Aracelys acudió el pasado 5 de junio al Ayuntamiento del municipio de Cabo Rojo, en el suroeste de la isla, para registrar un pequeño negocio. A pesar de tener sus documentos en regla, un agente de la Policía Municipal alertó a oficiales federales de inmigración sin contar con orden judicial ni autoridad legal.

«Detener a una víctima de violencia doméstica amparada por la ley y arrastrarla a otra jurisdicción viola la Constitución, la Ley federal de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) y los principios más elementales de humanidad. Exigimos su liberación inmediata y garantías de seguridad», subrayó Martínez.

La ACLU-PR señaló que este caso refleja «la saña institucional contra las mujeres más vulnerables, como sobrevivientes de violencia doméstica, mujeres negras, jefas de familia y personas de escasos recursos, quienes en lugar de recibir protección son criminalizadas por ejercer su derecho al trabajo y al emprendimiento».

El director legal de la ACLU-PR, Fermín Arraiza, recordó que la Policía Municipal «carece de autoridad» para aplicar leyes migratorias sin acuerdos formales ni órdenes judiciales.

«Este acto extralimitado, aberrante, quebranta la Quinta Enmienda y el debido proceso. El agente involucrado se expone a responsabilidad civil y penal por violaciones de derechos», afirmó Arraiza.

El pasado 9 de junio, la ACLU-PR remitió una carta formal a la gobernadora Jenniffer González, exigiendo transparencia inmediata sobre los datos compartidos con las autoridades federales y el cese de toda colaboración extrajudicial entre cuerpos municipales y agencias federales de inmigración.

La organización también solicitó la publicación de protocolos claros que garanticen el debido proceso y la protección especial para víctimas de violencia de género, como establece la Constitución de Puerto Rico y la Ley VAWA.

Además, la ACLU-PR reclamó la suspensión de políticas y órdenes administrativas que permitan detenciones migratorias sin orden judicial, incluyendo cualquier intento de implementar el Proyecto de la Cámara 139 (P. de la C. 139).

La organización advirtió que la inacción por parte del gobierno «constituirá un aval estatal a la violación sistemática de derechos humanos» y aseguró que agotará todos los recursos legales y públicos para proteger a las comunidades inmigrantes.

Finalmente, la ACLU-PR exigió la liberación inmediata y el retorno seguro de Aracelys, así como una investigación independiente y pública sobre la actuación del agente municipal. También expresó su rechazo al P. de la C. 139, que permitiría la colaboración entre policías municipales y agencias federales de inmigración, y reiteró su apoyo al P. de la C. 331, que busca proteger «lugares sensibles» y prohibir dicha cooperación. La organización insistió en la necesidad de establecer protocolos efectivos de protección.